Los alcaldes reclaman autonomía para gestionar su tesorería y que la Xunta los libere al fin de la financiación de las competencias impropias
20 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La salud de las arcas municipales en la provincia ha mejorado notablemente en los últimos años, a tenor de lo que dicen las estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda. La mayoría de los concellos, un total de 44 sobre 62, lograron recortar la deuda viva que soportan en los últimos cuatro años, e incluso diecisiete de ellos la dejaron a cero a 31 de diciembre pasado. El debate en el ámbito del municipalismo, en todo caso, cuelga de una línea mucho más fina: ¿Ha mejorado la salud financiera de los concellos al tiempo que lo hacían los servicios que prestan -al fin y al cabo la razón de ser de los ayuntamientos-, o una cosa ha ido en menoscabo de la otra?
La opinión de regidores y concejales de distinto signo político es parecida en todos los casos. Todos afirman que han logrado mantener el tipo pese al severo corsé presupuestario impuesto por el Gobierno central, aunque existe unanimidad a la hora de reclamar a Madrid mayor autonomía a la hora de gestionar su capacidad de crédito, una vía indispensable para impulsar inversiones y servicios si no se cuenta con el auxilio de otras administraciones, ya sea la central, la autonómica o la Diputación.
La alcaldesa de Marín, la popular María Ramallo, es de esta opinión. Sostiene que la mayoría de los concellos han realizado un ejercicio de contención, al extremo de que muchos cuentan hoy con ahorro neto, esto es, con superávit en sus arcas. El caso, explica Ramallo, es que los consistorios no pueden hacer uso de esos dineros por el corsé impuesto desde Madrid, lo que a su juicio debería cambiar. «Hay que primar a aquellos ayuntamientos que lo hacen bien».
La regidora marinense cree que los concellos deberían poder acudir a la vía del crédito, pero siempre con «orden y criterio. No se puede pedir para afrontar el gasto ordinario, eso sería una huida hacia adelante, sino para asumir inversiones en infraestructuras o servicios».
Su homólogo en Vilanova, el también popular Gonzalo Durán, centra el debate en un asunto recurrente entre los regidores gallegos: la asunción de competencias impropias en educación, sanidad o servicios sociales. «A nuestro ayuntamiento le faltan cada año 600.000 euros para financiar competencias que no son municipales. En Vilanova tenemos seis colegios, y pagamos la luz, la limpieza... Pero también la guardería, que son servicios sociales, y que tiene un coste de 200.000 euros al año», alega.
Igualmente crítico se muestra el alcalde de Catoira, el socialista Alberto García, quien asegura que las medidas activadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2011 han resultado «moi prexudiciais» para los concellos. García hace alusión a la obligación de solicitar un crédito para pagar a proveedores, un préstamo que los consistorios tuvieron que contratar con una entidad ya preestablecida por Madrid y a un tipo de interés poco competitivo, así como a un plazo de amortización (10 años) muy corto.
El responsable de Facenda de Pontevedra, Raimundo González (BNG), pone el acento en la decisión política que implica recurrir a la deuda. «Nós non pedimos créditos para obras de 30 millóns, senón que investimos en mobilidade urbana, obras de calidade... Proxectos máis asumibles pero que benefician aos veciños». González establece un símil entre la deuda pública y la economía doméstica: «Claro que se pode recurrir a ela, sempre que poidas devolver os cartos».
«Nós non nos metemos en aventuras e iso é política»
Raimundo González
«A Vilanova le faltan 600.000 euros por los impropios »
Gonzalo Durán
«Somos os paganos do sistema de financiamento»
Alberto García
«Hay que primar a los concellos que gestionan bien»
María Ramallo