Una docena de edificios y naves bajo amenaza de la piqueta en la comarca
22 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La vida en un edificio que está inmerso en un proceso judicial es un mar de dudas. Y cuando las sentencias empiezan a llegar y son contrarias a las pretensiones de los propietarios, aún lo es más. Sin embargo, la situación se vuelve tremendamente incómoda, un verdadero calvario para los protagonistas, cuando se cierran los procesos y la única resolución que queda es sacar los enseres porque llega la grúa y la piqueta. Esta es la situación a la que se exponen una docena de edificios, varios de ellos habitados, numerosas viviendas unifamiliares y alguna que otra nave industrial en la comarca de Pontevedra.
Por ejemplo, en Sanxenxo, en el centro urbano, hay al menos un edificio que volvió a ocupar los titulares este mes cuando el TSXG ratificó que es ilegal parte de su fachada y que hay que demoler. Es una orden que apenas entienden los comerciantes que alquilaron los bajos del inmueble y que desconocen qué va a pasar con ellos. «Nosotros desde que abrimos la tienda hace once años vivimos en una situación de incertidumbre», señala una afectada que prefiere evitar dar su nombre.
Abrieron su negocio poco antes de que la primera denuncia pusiese el inmueble donde alquilaron el bajo en el ojo del huracán. Desde entonces, se enteran de la lenta evolución de los hechos por la prensa. «No sabes qué hacer, si reformar la tienda o no, porque no sabes si lo vas a arreglar y después te lo van a tirar», resaltó. La sensación de desasosiego es aún mayor cuando medita sobre lo ocurrido. «No entiendo cómo es posible que mirasen de arriba abajo las mediciones y no se diesen cuenta de que algo estaba mal desde el principio».
En el resto del inmueble solo hay segundas residencias. Pisos comprados a un elevado precio para que sus propietarios puedan disfrutar de un verano a pie de playa, pero la situación jurídica de este inmueble, como de otros muchos, le quita el sueño a más de uno. Es lo que le pasó a otro afectado, en este caso de Marín, a quien una orden judicial, que exigió su cumplimiento inmediato, le privó de unos metros de fachada. No le quedó otro remedio que mudarse a otra vivienda, porque con tres hijos, no podía seguir donde estaba. Su queja es también la lentitud de los tribunales. Y eso que en Marín el Concello se vio forzado a exigir a los técnicos que revisasen las obras al principio, a la mitad y a su remate, pero ni aún con esos controles mayores se ha logrado reducir mucho la carga judicial en el urbanismo.
Rellenos envueltos en la polémicaLa nueva Ley de Costas suspendió temporalmente docenas de expedientesDemoliciones ejecutadas tras largos procesos
El Plan Especial del Puerto es como un PXOM. Marín se dotó de uno de estos planes en el 2000, pero una denuncia vecinal, en este caso de la Plataforma de Os Praceres, llegó hasta el Tribunal Supremo, que no solo anuló el plan, sino que también lo hizo con los rellenos que se hicieron a su amparo. Automáticamente, varias naves industriales, el ferrocarril interior y 300.000 metros cuadrados de superficie de muelles y terminales se quedaron sin cobertura legal y con orden de derribo. Os Praceres exige que se cumpla y que se depuren responsabilidades por un plan que anuló la Justicia. Puerto, Xunta y empresas han alegado un incidente de inejecutabilidad, que está por fallar. Puede pasar cualquier cosa.
Todos los concellos de litoral de la comarca, con la excepción de Bueu y Pontevedra, tenían problemas con sus núcleos situados junto a la ría hasta el 2013. Las inspecciones de Costas multiplicaron los expedientes de infracción que, en muchos casos, en Marín y Vilaboa en particular, acabaron con sanciones coercitivas de la APLU e incluso con órdenes judiciales de derribo. En estos años más de una vivienda cayó ya víctima de la piqueta. Por ahora, todo está en suspenso, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Costas en el 2013. Marín, el único concello de los afectados que según la Xunta hizo sus deberes a tiempo, logró regularizar todos sus núcleos, aunque los dueños de las casas deben legalizarlas ante el Concello y aún no lo han hecho. Vilaboa, Sanxenxo y Poio confían que el Estado admita la rebaja de su línea de protección, al amparo de la nueva Ley, y así evitar más demoliciones.
En la comarca sí que se han hecho derribos de edificios y naves industriales. En algunos casos, estas casas estaban habitadas y algunas de las empresas sí estaban funcionando. No obstante, la demolición es un recurso que suele darse al final de una batalla legal que puede durar años y que a veces puede eludir la piqueta. Sin embargo, hay ocasiones en que el derribo no se puede evitar, aunque ningún Concello suele ser partidario de hacerlos, porque estas medidas son impopulares. Por ejemplo, el año pasado si hubo casos como un edificio en As Meáns (Bueu); y en una casa en A Brea (Marín).