La Agencia Estatal de Protección de Datos ha abierto un expediente de infracción al Concello de Marín por presunta vulneración de los artículos 20 y 9 de la ley sobre esta materia. Si se llegase a dictaminar de forma condenatoria, el Ayuntamiento se expondría a una falta grave y una sanción que oscila entre los 60.000 y los 300.000 euros.
La denuncia que originó el expediente de investigación se cursó en enero del año pasado, a raíz de la puesta en marcha de la nueva oficina de Urbanismo, la adquisición de equipos, material informático y programas de aplicación complementaria.
Según afirmaron desde USO-Galicia, estas compras se hicieron «a espaldas del departamento de informática» y también «sin contar para nada con la opinión de la junta de personal del Ayuntamiento». Esta situación provocó además la intervención de la Inspección de Trabajo, que obligó a realizar modificaciones en las oficinas de la calle de Méndez Núñez.
El portavoz de USO-Galicia incidió en que la denuncia ante la agencia estatal provocó la «inmediata» contratación de una empresa para tratar de cumplir con los requisitos legalmente exigibles. En este sentido, se han hecho firmar compromisos al personal de dicha oficina sobre cesión de datos, «incluida su propia imagen para uso del Ayuntamiento».
El sindicato añade que esta auditoría de seguridad no se le ha facilitado al personal municipal que corresponde. Desde USO-Galicia se resaltó que muchas de las medidas que ya estaban implantadas y que se contemplan en la auditoría «se están quebrantando por órdenes directas de responsables políticos».
La central sindical afirmó que las licencias de los programas implantados en Urbanismo «no están en depósito en el Ayuntamiento en el lugar y bajo la custodia que corresponde». Además, criticó la existencia de una factura al Ayuntamiento por valor de veinte mil euros.
Más acciones futuras
Esta cifra se refiere a un programa informático para Urbanismo «que se instaló antes de que se pusiese en marcha el procedimiento para su contratación». El resultado fue la puesta en marcha de su contratación. Este paso, según recalcó USO-Galicia, «obligó a la empresa a presentar otra en negativo y esperar a que se le adjudicase el suministro para presentar la correcta».
Este sindicato precisó que situaciones semejantes se están produciendo en el Concello, «con órdenes para saltar los protocolos de seguridad de información y de la propia auditoría que el Ayuntamiento encargó y pagó por más de quince mil euros».
Por último, su portavoz recordó que USO-Galicia no descarta iniciar nuevas acciones por estos hechos y otros en los que considera que se infringen presuntamente las competencias del personal municipal.