Siete años por apropiarse del dinero para construir dos casas prefabricadas

La Audiencia ordena, además, la disolución de la empresa de este constructor


Pontevedra / La voz

Un constructor de Viascón (Cotobade), José Manuel Moure Rey, acaba de ser condenado por la Audiencia de Pontevedra a siete años de prisión por apropiarse del dinero que le entregaron para construir dos casas prefabricadas de madera en Mourente y en Campo Lameiro. En la sentencia, asimismo, se establece el pago de una multa de doce mil euros y el abono de sendas indemnizaciones de 57.360 y 20.000 euros a favor de los denunciantes.

De estas cantidades también deberá responder la empresa de la que era administrador el acusado, Rodríguez Fernández Olegario S. L., a la que también se le impone el pago de una sanción económica de 309.444 euros. Además, la Audiencia Provincial ordena su disolución.

De este modo, los magistrados consideran acreditado que, Con tres sentencias por estafa a sus espaldas, Moure Rey «se apropió con ánimo de lucro» de las cantidades que le entregaron las dos familias, de tal modo que no les dio el destino previsto contractualmente. Es más, ni siquiera se las reintegró «cuando fue requerido para ello».

De este modo, y ya al frente de la empresa ubicada en Cotobade, en enero del 2013, un matrimonio pontevedrés contrató la adquisición de una vivienda prefabricada y realizó una serie de transferencias de dinero. Sin embargo, el encausado ni encargo el material a la empresa suministradora de las piezas de madera, ni devolvió el dinero, «pues nunca tuvo intención de hacerlo».

En este punto, la sentencia recoge que los afectados habían adquirido esta propiedad para «destinarla a primera vivienda, tanto de ellos mismos como de sus dos hijos menores de edad». La conducta del acusado provocó que tuviesen que alojarse provisionalmente en el domicilio de unos familiares.

Meses más tarde, en noviembre, fue un vecino de Campo Lameiro el que contactó con Moure Rey para levantar una casa unifamiliar que también pensaba destinar a primera vivienda. En virtud del contrato suscrito, el denunciante realizó una transferencia de veinte mil euros que, en teoría, se iban a emplear para encargar la compra del kit de piezas de madera a la firma suministradora. En su lugar, el constructor incorporó este dinero «de manera ilegal al patrimonio de la empresa encausada».

A la vista de que la casa no avanzaba, el denunciante y el empresario mantuvieron un encuentro. Este último firmó un documento de reconocimiento de deuda pactándose la entrega de cuatro pagarés de cinco mil euros. Sin embargo, estos «no fueron pagados debido a que no existían fondos suficientes para su abono en la cuenta del emisor».

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