El escenario contra reloj al que se enfrenta el Concello de Caldas para salvar el asilo
CALDAS DE REIS
La congregación, que en mayo del 2024 ya había avisado de su intención de dejar el servicio, renunciará el 30 de septiembre
28 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.30 de septiembre del 2026. Si no hay cambios sobre lo anunciado, la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados dejará a partir de esa fecha de asumir el servicio de la residencia Nuestra Señora de la Asunción de Caldas de Reis, más conocida como asilo de ancianos. Fue el Concello quien hizo público el pasado viernes la intención de las religiosas. Lo que se abre ahora es un escenario contra reloj para intentar salvar el servicio y todo lo que conlleva. La residencia se fundó en 1883.
Lo prioritario, y en eso concuerdan el gobierno local (PSOE-BNG) y el PP en la oposición, es en que hay que defender el servicio —con cerca de 80 usuarios—, los puestos de trabajo —40 trabajadoras— y el patrimonio municipal —la planta baja y el primer piso es propiedad del Ayuntamiento—. En lo que sí hay discrepancias es en cómo se ha gestionado una problemática que no estalló ni mucho menos este mes de julio. De hecho, que las religiosas querían dejar la gestión del asilo por falta de vocaciones y dada la avanzada edad de las monjas que están en Caldas se sabía desde hace al menos más de dos años.
En mayo del 2024 la orden envió una carta al Concello de Caldas donde avanzaba la intención del consejo general de la congregación de dejar «la casa» de Caldas por el motivo principal de la falta de vocaciones. Consideraban las religiosas que, al depender del Ayuntamiento, «siempre existe una mayor posibilidad de que se pueda continuar la actividad de asistencia a ancianos en ese hogar».
Sorpresa
Pese a esos antecedentes, el alcalde, Jacobo Pérez (PSOE), afirmó que la decisión de poner una fecha límite «tan próxima» cogió «por sorpresa» al gobierno local. El Concello, que está sin secretario municipal ni asesor jurídico, ya solicitó ayuda a los servicios jurídicos de la Diputación para agilizar la tramitación. Lo que se sabe es que una empresa privada podría asumir el servicio a partir de septiembre, pero el gobierno local desconoce en qué condiciones y con qué compromisos que afecten a usuarios y empleadas. La interlocución es ahora a través de un abogado.
Desde las filas del PP se muestran críticos con la gestión del caso y entienden el malestar de trabajadoras y familiares de los usuarios. Su portavoz municipal, Fernando Pérez, considera que hubo una «dejación de funciones». El futuro no se presenta fácil. Aunque realizaron gestiones ante la Dirección Xeral de Maiores, dependiente de la Consellería de Política Social, los populares exponen que al ser un edificio histórico el asilo no se puede reformar para adaptarlo a la normativa. Lo que reduce el escenario a que el Concello saque a concurso el servicio en otra ubicación y mientras no se dispone de ella se pueda seguir prestando en el inmueble del asilo. Sería un sistema similar al desarrollado por municipios próximos como Silleda o Cerdedo Cotobade.
Por el momento, tanto las empleadas del asilo como los familiares de los usuarios guardan silencio y están a la expectativa.