El TSXG confirma el derribo de un galpón que se construyó en Bueu incumpliendo la licencia

Alfredo López Penide
L. Penide BUEU / LA VOZ

BUEU

13 jun 2018 . Actualizado a las 05:05 h.

Al igual que hizo en su día el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pontevedra, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la orden de derribo que pesaba sobre un galpón que se construyó en el lugar de Castiñáns, en Bueu. Además, a la titular de esta infraestructura se le impone el pago de las costas procesales hasta un máximo de quinientos euros por cada uno de los dos apelados personados en la causa.

Según consta en el proceso judicial fue en mayo del 2013 cuando el Concello de Bueu tuvo conocimiento de la existencia de unas obras que dieron lugar, ya en el mes de noviembre, de un expediente municipal. El 31 de octubre, cuando apenas restaban poco más de dos semanas para que se cumpliera el plazo de un año que hubiera determinado la caducidad del expedientes, se adoptó un acuerdo municipal instando a la propietaria del galpón a que repusiera la legalidad, decisión que fue refrendada en abril del 2015 al desestimar el gobierno local de Bueu el recurso.

En este sentido, desde el Concello confirmaron que, en mayo del 2006, concedieron a la propietaria de los terrenos una licencia para construir un galpón. No obstante, matizaron que esta lo levantó incumpliendo las condiciones de la licencia, además de que adicionó un cubierto sin respetar el retranqueo a linderos y un cierre de bloques y alambre.

Frente a estas afirmaciones, la apelante sostuvo la tesis de que los vuelos cartográficos reflejan que la caseta ya existía en el 2006, por lo que habrían transcurrido el plazo de seis años desde la realización de las obras y, por tanto, habría prescrito la infracción urbanística.

Frente a esta tesis, los magistrados del TSXG sostienen, por un lado, que el arquitecto técnico precisó que «la referida ortofoto solo acredita que el galpón tenía cubierta, pero no que estuviera acabado». Por otro, recuerdan que la vecina «impidió a los técnicos municipales la entrada en su finca para comprobar el estado de las obras realizadas sin la preceptiva licencia», por lo que no se ha demostrado que los trabajos constructivos hubiesen terminado en el momento que se incoó el expediente municipal.