Solicitan para la docente y el exsecretario del centro cinco años e inhabilitación
30 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Compras en París, pero también en supermercados, zapaterías y toda clase de tiendas de Pontevedra. Y todo pagado con las tarjetas de crédito del instituto Illa de Ons de Bueu. Asimismo, se libraron unos veinticinco cheques para gastos personales con cargo a la cuenta de este centro educativo. El fiscal sostiene que la que fue directora entre enero del 2012 y junio del 2015, J. D. D. C., así como el por entonces secretario, J. I. G. se hicieron con más diecisiete mil euros de forma ilícita, un dinero que tendría que haber repercutido en el instituto.
Es por ello que acusa a ambos de un delito continuado de malversación de capitales públicos en concurso medial con una falsificación de documentos públicos, cargos por los que solicita cinco años de prisión. Además, entiende que ambos deben ser inhabilitados durante otros ocho años para desempeñar cargo público, al tiempo que reclama se les imponga el pago de una indemnización coincidente con el dinero supuestamente malversado en esos tres años y medio, 17.276 euros.
En este punto, el ministerio público mantiene que las tarjetas de crédito, así como la cuenta bancaria a la que estaban asociadas, tenían como única finalidad sufragar los gastos propios del instituto. De este modo, el secretario tenía como uno de sus cometidos el «elaborar un rexistro contable de ingresos e gastos, función que desempeñaba baixo a supervisión da directora».
Sin embargo, esta última, «con ánimo de obter un beneficio á custa do alleo, dispuxo para o seu propio uso de fondos do instituto». La fiscala relata que, entre marzo y diciembre del 2013, retiró o realizó pagos por importe de 827 euros, cantidad en la que glosa gastos que realizó en la capital francesa «durante unha viaxe do centro escolar». Un año después, esta cantidad ascendió a 1.489 euros, mientras que en los meses del 2015 que estuvo al frente del Illa de Ons realizó compras «alleas as necesidades do centro» por 434 euros.
En este punto, aclara que el secretario, por su parte, sí realizó una serie de pagos que entiende que están debidamente justificados y enmarcados en las necesidades del instituto buenense. No obstante, la representante del ministerio público sostiene que J. I. G., de alguna manera, miró hacia otro lado, de tal modo que «omitía no rexistro contable ditos cargos, ou disimulaba os mesmos para que as contas fosen aprobadas pola Comisión Económica do Centro».
También con cheques
En todo caso durante este período de tiempo, los acusados «libraron varios cheques de diñeiro para uso persoal con cargo á conta do instituto». Al igual que ocurrió con los de su tarjeta de crédito, estos «non foron aplicados a gastos ou pagos do centro docente», así como «tampouco se reflectiron na contabilidade» del centro educativo de Bueu.
De este modo, solo en el 2012 se libraron una docena de cheques por un importe global de 8.200 euros; un año después, la Fiscalía calcula que la cantidad económica ascendió a 2.835 euros; en el 2014, los ocho cheques emitidos habrían sumado una cifra similar a la del año anterior; mientras que en los seis meses del 2015 serían 660 los euros obtenidos a través de dos cheques de 300 y 330 euros.
La fiscala considera que lograron que una librería les emitiera facturas falsas
En su escrito de acusación, la fiscala reseña que, en mayo del 2011, cuando J. D. D. C. era secretaria de este mismo instituto de Bueu y J. I. G. era profesor pidieron a una librería de esta localidad pontevedresa que les emitiese tres facturas por importe de 175, 416 y 268 euros «sen efectuar a compra de ningún material». Desde el ministerio público tienen claro que esta conducta únicamente tenía como objetivo «xustificar no centro docente o gasto de ditas cantidades de diñeiro, aparentando a compra dun material que realmente non se produciu». En este sentido, remarca que era el secretario el que anotaba en el registro contable del IES Illa de Ons estas facturas como compras propias del centro educativo.
Un jurado decidirá sobre la culpabilidad o no de los acusados
Dada la condición de empleados públicos de ambos acusados y del hecho de que los delitos que se les imputan fueron cometidos, supuestamente, en el ejercicio de sus cargos, será un tribunal popular el que decida en la Audiencia de Pontevedra sobre su culpabilidad o no. En este punto, las fuentes consultadas señalaron que precisamente el delito de malversación de caudales públicos es uno de los que específicamente recoge la Ley del Jurado como de su ámbito de competencia en el que caso de que se investigue a empleados públicos.
En este sentido, la normativa española establece que para determinar un veredicto de culpable sean precisos siete votos de los nueve integrantes del jurado, mientras que solo cinco serán requeridos para determinar la inculpabilidad de un procesado.
Auditoría de la Xunta
En el sumario están incorporados diversos informes, incluido uno de carácter pericial elaborado por un economista que solicitó la propia J. D. D. C. Igualmente, se llevó a cabo una auditoría por parte de inspectores de la Xunta, si bien no han trascendido las conclusiones a las que llegaron. El jurado tendrá a su disposición, además de estos documentos, la contabilidad del instituto desde el 16 de junio del 2010 hasta el 26 de junio del 2015, así como facturas y justificantes bancarios de operaciones con tarjetas de crédito y los extractos de la cuenta bancaria. Por su parte, y en respuesta a un recurso de la que fue directora del Illa de Ons, desde la Policía Judicial «se apuraron as pescudas relativas á suposta existencia de máis documentación relacionada co caso» sin aparente resultado.