Bueu pedirá perdón a los vecinos del edificio Pintos

La Voz BUEU / LA VOZ

BUEU

Pesa sobre ellos una orden de desalojo para la demolición del inmueble en el que llevan viviendo 25 años

15 oct 2015 . Actualizado a las 05:10 h.

Los vecinos del edificio Pintos de Bueu, sobre los que pesa una orden de desalojo para la demolición del edificio en el que llevan viviendo un cuarto de siglo que debe hacerse efectiva el próximo día 2 de noviembre, lograron ayer uno de sus dos principales objetivos: conseguir una declaración institucional de perdón firmada por toda la corporación municipal. El otro, anular la orden de desalojo, está siendo analizado por los servicios jurídicos del Concello.

«Lo necesitábamos, se nos trató como a unos delincuentes», confiesa aliviado el portavoz de los propietarios, José María Alén, tras recibir la notificación del gobierno local aceptando la propuesta. Explica el vecino afectado que esta declaración será analizada mañana en junta de gobierno por todos los grupos de la corporación y, presumiblemente, el próximo lunes se convocará un pleno extraordinario para proceder a la aprobación de esta declaración institucional de perdón.

El comunicado, que cuenta con el visto bueno de todos los vecinos, recoge las disculpas por conceder una licencia de obra que nunca debió aprobarse y por permitir que las obras se llevasen a cabo. Otro aspecto importante de esta declaración es la petición de perdón por no advertir a los propietarios, en el momento de la compra de los pisos, de la situación jurídica del edificio. Además intentarán reparar también con este escrito los veinticinco años de sufrimiento provocado a las familias afectadas por la incertidumbre sobre el futuro de sus hogares.

Incluye también esta declaración, la solidaridad y apoyo a los vecinos en su lucha por defender sus derechos como legítimos propietarios y víctimas en el proceso judicial que envuelve al edificio Pintos.

A pesar de esta victoria parcial, los vecinos siguen luchando por anular la orden de desalojo y esperan que los recursos presentados ante el Concello sean suficientes para convencer a los servicios jurídicos para dar marcha atrás.