Una sentencia del Tribunal Supremo podría hacer peligrar las arcas del Concello de Barro

C. Pereiro BARRO / LA VOZ

BARRO

El gobierno local ha comenzado a analizar las diferentes acciones a tomar para eludir o asumir la deuda

11 mar 2016 . Actualizado a las 05:10 h.

Han saltado las alarmas en el Concello de Barro tras una sentencia del Tribunal Supremo que haría revalorar unos terrenos expropiados hace casi diez años. El Concello ha convocado hoy una rueda de prensa en la que explicará sus próximos movimientos y las vías que dispondrá para eludir o asumir esta posible nueva deuda. No en vano, se podría estar hablando de más de 200.000 euros a deber al antiguo propietario del terreno. El Concello cuenta con un presupuesto anual de unos dos millones.

En el auto se recoge el procedimiento por el que la empresa Viviendas Caselas S. L. procedió a la compra de unos terrenos para la creación de edificios en la zona de San Antoniño. Según marca la ley de urbanismo, si el cincuenta por ciento de los dueños de unos terrenos deciden realizar la venta, el resto, se verán en la obliga también de proceder a su venta.

En aquel momento, la inmobiliaria realizó el pago correspondiente, mientras el dueño del mentado terreno reclamaba una indemnización mayor, reconocida posteriormente en los tribunales, en el 2008. En este punto, surge la problemática para el Concello de Barro, pues Viviendas Caselas S. L. entra en concurso de acreedores. La reclamación llega al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y abre la posibilidad de que sea el Concello el responsable de asumir esta deuda, ya que al no pagar la junta de compensación ­-la promotora del proyecto-, la Administración expropiante, es decir, el Concello de Barro, debe hacerse cargo del justiprecio para cumplir con el mandato constitucional, en calidad de responsable subsidiario.

Así, aunque la promotora pagó en su día ese primer valor del terreno, faltaría todo el valor extra que se produjo tras la sentencia. La responsabilidad podría recaer ahora sobre el Concello local y no sobre otro organismo, dado por el propio carácter de la ley existente, ya que fue este quien tramitó la expropiación del proceso. Una vez tramitada, el Concello ha formado parte de la misma y ahora cabría la posibilidad de que se viera obligado a pagar como parte expropiante e integrante de la citada junta de compensación.

Por ahora, no ha habido ninguna reclamación oficial hacia la institución local, aunque es altamente probable que el afectado pida este pago al Concello.