Condenan al Estado a indemnizar a un preso agredido con una cuchilla en A Lama
A LAMA
Los magistrados entienden que la responsabilidad de la Administración se sustenta en el hecho de que incumplió «las medidas exigibles para garantizar la seguridad de los reclusos»
03 may 2021 . Actualizado a las 18:03 h.Como responsable civil subsidiario, la Audiencia de Pontevedra ha condenado al Estado a abonar una indemnización de 8.615 euros a un recluso del centro penitenciario de A Lama que fue agredido por un segundo recluso con una cuchilla de afeitar. Los magistrados entienden que la responsabilidad de la Administración se sustenta en el hecho de que incumplió «las medidas exigibles para garantizar la seguridad de los reclusos, así como la integridad física de las personas encomendadas a su custodia debido a la falta de vigilancia y de control que le son exigibles», reseñaron desde el TSXG.
Los hechos se remontan al Día de Reyes del 2019 cuando se produjo una discusión entre dos internos por una supuesta deuda dineraria, por lo que uno le propinó al otro un puñetazo en el ojo izquierdo. Esta acción determinó que fuese condenado a abonar una multa de 360 euros y una indemnización de 6.935 euros.
El incidente no quedó ahí. De este modo, al día siguiente, la víctima intentó golpear en el comedor de la prisión pontevedresa con un palo de escoba a su agresor, algo que impidieron otros internos. Horas más tarde, cuando se hallaba en la galería anexa al comedor jugando al parchís, el agredido se acercó por detrás a quien le había propinado un puñetazo y le cortó la cara con una cuchilla. Como consecuencia de esta acometida, la Audiencia de Pontevedra le impone dos años y medio de cárcel al considerarle autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso, así como al pago de una indemnización, de 8.615 euros. Esta es la cantidad de la que el Estado debe también responder como responsable civil subsidiario.
En este punto, la sentencia recoge que, en el momento de ataque con la cuchilla, solo había un funcionario realizando labores de vigilancia. De hecho, se incide en que «ni siquiera se hallaba presente en el módulo, sino en la cabina acristalada; es más, al coincidir con el reparto de metadona, es posible, según el jefe de servicio, que no hubiera ningún funcionario en el interior de la sala».
Es por ello que se concluye que el Estado incumplió su «deber de vigilancia», pero también el «control sobre el eventual porte de instrumentos peligrosos, como lo son las cuchillas de afeitar». Desde el TSXG refieren que la sala concluye que esta falta de vigilancia, «seguramente, por escasez de funcionarios en el centro penitenciario», también se puso de manifiesto el día anterior, «cuando se produjo el incidente entre los mismos internos en la subida de las escaleras camino a las celdas», al igual que cuando el interno intentó golpear a la víctima con el palo de una escoba, «intento de agresión que, según pusieron de manifiesto los funcionarios en el acto del juicio, no vieron y que les fue relatado por los internos cuando investigaban los hechos».