A la vista de estos hechos, se tomó la decisión de que los televisores que se pudieran adquirir en el economato de la prisión de A Lama ya tuviesen restringida las funciones de interactividad y conectividad. No obstante, el problema surgió con aquellos aparatos adquiridos en el exterior, por lo que se optó por adaptarlos bloqueando estos servicios.
A la vista de esta explicación, los magistrados madrileños consideraron plenamente justificado el bloqueo del Teletexto, pero no así del menú del televisor. Con respecto al primero, comparten con la dirección del penal pontevedrés que cabe «el riesgo de que los mensajes enviados a través del mismo puedan constituir un medio de comunicación para el recluso que eluda el control y las disposiciones legales sobre las comunicaciones de los internos (...), convirtiéndose así en un riesgo para la seguridad del centro y de sus habitantes y para los fines del tratamiento penitenciario».
