Una prisión bajo el foco

La muerte de Fabrizio, el «Haninibal Lecter» de la prisión de A Lama, resitúa el debate sobre el nivel de seguridad del penal y el insuficiente número de funcionarios


Dos motines en menos de un año, entre 1989 y 1990, aceleraron el cierre de la vieja prisión de Pontevedra. El edificio penitenciario estaba ubicado en A Parda. Era una cárcel pequeña, con vetustas instalaciones, para apenas un centenar de reclusos que estaba saturada con más de 200 internos. Ese fue uno de los motivos que desencadenó aquellas revueltas carcelarias que afortunadamente concluyeron sin víctimas mortales. Entre otros, gracias a la mediación de personas como Julio Barcia Darías, el abogado cuya intervención resultó primordial para resolver de modo incruento alguno de aquellos trepidantes episodios. Tristemente, aquel joven y brillante letrado pontevedrés murió súbitamente, pero su recuerdo ha perdurado, de modo que el Colegio de Abogados de Pontevedra creó la Comisión Penitenciaria Julio Barcia, que semanalmente presta atención jurídica a reclusos de la Prisión Provincial de A Lama. Su labor fue galardonada hace diez años por el Gobierno con la concesión de la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario por su tarea de estimular la conciencia social hacia los presos.

Esta comisión está integrada por 18 abogados en ejercicio, que se desplazan semanalmente al centro penitenciario para prestar asistencia jurídica, atendiendo a una media de 25 internos cada día.

Prisión demolida

Aquella vieja cárcel fue derribada y en su lugar se construyeron varios inmuebles, entre ellos, el primero de los edificios de Juzgados de A Parda, en lo que sin duda fue una humorada del destino.

El final del penal de A Parda en 1991 fue el principio de la nueva Prisión Provincial de A Lama, que tardó en ser realidad, hasta que abrió en 1998. No sin rodeos y polémica, dada la reacción vecinal que temía un aumento de la inseguridad en el tranquilo concello de A Lama por el trasiego de presos. Curiosamente los años transcurridos han evidenciado que no existen datos sólidos que permitan sostener que el concello de A Lama se haya convertido en un municipio con más inseguridad. Más bien al contrario. Si una de las razones para defender el asentamiento del nuevo penal en Monte Racelo fue el de fijar población generando sinergias y economías asociadas, la contundente evidencia es que, 20 años después, A Lama es uno de los concellos del interior de la provincia que se sigue vaciando, con 2.430 habitantes acreditados en el 2018. Quinientos vecinos menos de los que había cuando abrió la cárcel.

Sobrepoblación reclusa

De modo que el nuevo penal no trajo mayor delincuencia que haya padecido la población circundante y en cambio, puertas adentro, el centro penitenciario sí padece la recidiva del problema de saturación e inseguridad. Y además multiplicado, pues a mayor capacidad de reclusión, mayor sobrepoblación. De forma que el problema de antaño se vuelve a repetir tozudamente en este moderno centro penitenciario, como se ha acreditado a lo largo de las dos décadas que lleva en funcionamiento.

La muerte de Fabrizio Joao Silva, apodado el Hannibal Lecter de las cárceles españolas, ocurrida esta semana en el módulo de aislamiento de la prisión de A Lama donde estaba recluido desde enero, resitúa el foco sobre este centro penitenciario. El fallecimiento -natural, fortuito o lo que fuere de ese peligrosísimo preso- pone a la prisión provincial bajo la lupa. Porque siendo A Lama uno de los penales por los que rotan los presos más violentos y conflictivos que tenemos en España, desde terroristas yihadistas, criminales balcánicos y asesinos múltiples de diferente procedencia, es también uno de los más inseguros y conflictivos del mapa de prisiones de España. El caso de Fabrizio Joao es un exponente más de esa aparente contradicción que se explica a través de datos y denuncias.

El sindicato de prisiones ACAIP difundió hace un año un informe sobre la situación de las cárceles que situaba al penal pontevedrés entre los cinco más peligrosos de España y el que acumula más casos de presos muertos. Según ACAIP, A Lama está en ese ránking horrible junto a los penales de Morón, Estremera, Soto del Real y el granadino de Albolote. Pero la peor cifra para la prisión pontevedresa es que se le acreditan 56 muertes de reclusos por sobredosis o suicidio (hasta 2017).

Tanto el sindicato citado como otros que representan a la plantilla del penal de A Lama añaden más datos que nos hablan de la peligrosidad de su trabajo entre barrotes. Las propias estadísticas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias admiten que desde el 2015 se contabilizaron 27 episodios de agresiones a funcionarios de la prisión provincial. Pero hay un matiz: la estadística oficial solo contabiliza casos en los que el funcionario haya necesitado atención médica. Los sindicatos añaden los que se zanjan sin agresión física pero en los que median amenazas, intimidaciones y a veces incluso retenciones.

Finalmente: ¿dónde residen las soluciones? La más inmediata se resuelve con dinero público y oposiciones. Convocar las 50 plazas vacantes de funcionarios que solo en el penal de A Lama serían necesarios para reequilibrar la plantilla frente a la población reclusa. Seguir como hasta ahora es intentar parar una hemorragia con una tirita.

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