El fiscal antidroga rechaza la puesta en libertad del señor de la heroína
A LAMA
Un supuesto socio del pontevedrés abonó una fianza de un millón de euros
07 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En abril del 2016, la Udyco de Pontevedra intervenía en la provincia el por entonces mayor alijo de heroína de Europa y desmantelaba una red que confirmaba la importancia de las Rías Baixas en la introducción de esta droga en Portugal. Los 56 kilos de heroína incautados en la operación Moska-Atenea iban ocultos en una suerte de caletas habilitadas en los pases de rueda del tren posterior de un Porsche
Cayenne con sendos dispositivos que daban acceso a dos huecos creados en ambos laterales de la carrocería del vehículo.
Los agentes nacionales detuvieron a doce personas, entre ellas el considerado como cabecilla de la rama gallega de la organización hispano-albanesa, Castor Manuel García González. Este último, junto con dos ciudadanos albaneses, ingresó en el centro penitenciario de A Lama.
Cuando apenas restan unas semanas para cumplirse los dos años de esta operación, la Audiencia Provincial celebró ayer una vista oral para prorrogar o no la prisión provisional del pontevedrés y uno de sus supuestos socios. El tercero de los arrestados sobre los que se decretó el ingreso en la cárcel ya abandonó el centro penitenciario tras abonar una fianza de un millón de euros, confirmó el coordinador de la Fiscalía Antidroga, quien trasladó a las magistradas de la sección cuarta su oposición a que los dos restantes sospechosos queden en libertad a la espera de juicio.
Este, en principio, se estima que se puede desarrollar en la ciudad del Lérez antes del verano, si bien su celebración podría verse condicionada por la huelga en la Administración de Xustiza. Por lo pronto, la Fiscalía ya ha formalizado su escrito de acusación en el que, según trascendió ayer, solicita un total de diecisiete años de cárcel para Castor Manuel por los delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia y organización criminal, pena a la que suma una multa de varios millones de euros.
Junto al pontevedrés se acusa a su esposa -el fiscal la define como «su mano derecha»-, a un vecino de Vigo y otro de Ribadumia, que ocuparían los eslabones inferiores de la organización, así como a los dos ciudadanos del país balcánico. Quien no se sentará en el banquillo es el capo de la rama albanesa, quien no ha podido ser localizado y se encuentra en rebeldía.