Reconoce haber estafado a una veintena de hoteles de Pontevedra y A Coruña con falsas analíticas del agua para sus piscinas

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Efectos intervenidos por el Seprona en la operación Legiogal
Efectos intervenidos por el Seprona en la operación Legiogal GUARDIA CIVIL

Además, de igual modo, falsificó los informes de las analíticas por legionela relativos al agua destinada al consumo humano

08 ago 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Del Balneario Hotel Davila de Caldas de Reis al Pazo Rial de Vilagarcía. Hasta veintisiete negocios y organismos de las provincias de Pontevedra y de A Coruña, entre los que se encuentran una veintena de hoteles y toda clase de establecimientos de hostelería, pero también el Concello de Meaño, los institutos vilagarcianos Armando Coterelo Valledor y Fermín Bouza Brey o el Centro de Rehabilitación de Menores Chavea de la Fundación Lar, fueron víctimas, entre el 2015 y el 2018, de una estafa con falsas analíticas de agua.

Quien era responsable y administrador único de una empresa de Vilaxoán ha terminado reconociendo los hechos y asumiendo una condena de dos años de prisión como autor de un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito continuado de estada, pena que lleva aparejada una multa de 1.800 euros. Además, durante tres años se le inhabilita para el ejercicio de la actividad de distribución a que se dedicaba, concretamente, la de realizar un servicio intermediario de recogida de muestras para análisis.

Estas muestras debían ser remitidas a un laboratorio para que emitiese el correspondiente informe, documento que el acusado debería remitir a sus clientes. Sin embargo, a lo largo de estos tres años, el acusado dejó de enviar al laboratorio las muestras recogidas para que llevasen a cabo análisis relativos al control de la legionelosis en el agua destinada al consumo y de control de su calidad para el baño en el caso de las piscinas.

Y, en paralelo, «hizo creer a sus clientes que los informes analíticos habían sido elaborados por el mencionado laboratorio y para ello confeccionó o mandó confeccionar a su cargo, informes atribuidos» al citado laboratorio. En estos documentos, plasmaba «de manera mendaz un resultado satisfactorio del análisis de los distintos tipos de aguas, muchos de ellos destinados a consumo humano, otros a instalaciones de uso público, piscinas...» cuando en realidad nunca habían sido analizados.

El origen de la investigación

En total, la Audiencia de Pontevedra establece que hizo entrega de 59 falsos informes a veintisiete clientes, los cuales, «en la errónea creencia de que el encargo había sido cumplido satisfactoriamente, abonaron al acusado distintas cantidades en pago por sus servicios». Ahora, se ordena al empresario a reintegrar unas cantidades que van desde los 4.500 que debe abonar al laboratorio, los 1.272 euros al Concello de Meaño o los 513 al Hotel Carril.

Precisamente fue la denuncia de este ayuntamiento la que dio origen, en octubre del 2018, a la operación Legiogal, que dirigió la sección del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Las pesquisas se centraron en la empresa «encargada de analizar el agua de la traída municipal, la legionela de las instalaciones deportivas, las fuentes y la piscina municipal», reseñaron en su día desde el instituto armado.

Ya entonces se pudo comprobar que, «con el objeto de ahorrar los honorarios que cobraban por los análisis, un alto porcentaje de las muestras de agua y legionela recogidas por esta empresa en el ejercicio de las funciones que tenía encomendadas, no solo no las remitía al laboratorio de referencia, sino que justificaba su gestión entregando en el ayuntamiento el informe de las analíticas que no se habían hecho, utilizando para ello impresos falsificados del mismo laboratorio, que cubría con datos evidentemente falsos».

Los investigadores del instituto armado estimaron en 26 los documentos falsificados remitidos al Concello de Meaño, mientras que los restantes se dirigieron a otros negocios y centros educativos. «El mayor número de locales donde se detectaron informes falsificados pertenecen a la provincia de Pontevedra, con 26 casos en total. En su mayor parte están ubicados en la comarca de Arousa —Vilagarcía, Cambados y Meaño—, aunque también se detectaron afectados en otras zonas de la provincia», como Vigo, Sanxenxo, Cerdedo-Cotobade, A Estrada y Caldas de Reis.

Por su parte, en la provincia de A Coruña, fueron víctima cuatro establecimientos de Padrón y dos de Ribeira.