Ordenan extraditar a Paraguay a un denunciado por malos tratos que se refugió en Pontevedra
PONTEVEDRA
«Llegó a mi domicilio gritando que me iba a matar (...). Temo por mí vida y la de mis hijos», declaró la víctima en su país
05 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Con doble nacionalidad argentina y española, José Antonio R. D. ha visto como la Audiencia Nacional accedía a su repatriación a Paraguay donde tiene pendiente una denuncia por violencia familiar, delito equiparable a los malos tratos habituales, lesiones y amenazas de España. Fueron agentes adscritos a Interpol España los que llevaron a cabo el arresto del sospechoso el pasado 9 de agosto, quien, al parecer, se refugió en una localidad pontevedresa.
Un día después se decretó su libertad provisional sin fianza después de celebrarse una comparecencia de extradición. De este modo, la Audiencia Nacional acaba de fallar en contra de los intereses de José Antonio R. D., quien, entre otros argumentos, se opuso a la petición de la República del Paraguay alegando que la intención de su expareja era extorsionarle, «unida a la por él alegada corrupción del país requirente; manifestaciones estas carentes de acreditación o corroboración algunas».
De idéntica manera rechazan el argumento de que convive «con varios parientes que dependen económicamente de él». A este respecto, se subraya que «lo cierto es que esto tampoco ha resultado acreditado, ni consta arraigo laboral alguno de aquél en nuestro país».
Los hechos que determinaron el arresto de José Antonio habrían tenido lugar el 22 de octubre del 2019 cuando el sospechoso, según la denuncia interpuesta, «llegó a mi domicilio gritando que me iba a matar». Acto seguido, «entró y pateó la puerta de mi casa rompiendo la misma, así [como] también rompió mi ventana, luego estiró todos los cables provocando que mis vecinos y yo nos quedáramos sin energía eléctrica».
Temía por su vida
Ante estos hechos, tanto la mujer como sus hijo menores de edad, así como la empleada del hogar con sus hijos menores, tuvieron que salir corriendo, al tiempo que daban aviso a la policía. La víctima aseguró entonces que no era la primera vez que se producían estos hechos, si bien dejó claro que este último episodio «ya fue más violento», por lo que temía por su vida y la de sus hijos.
Asimismo, en su denuncia, dejaba claro que, al enterarse de los antecedentes con los que supuestamente cuenta su expareja decidió separarse: «Desde ese momento no me deja vivir en paz».
En el procedimiento judicial también se adjuntó un informe psicológico que concluye, según recoge la resolución de la Audiencia Nacional, que «se encuentran daños psicológicos en la evaluada indicadores más resaltantes como angustia, presión, amenaza, falta de defensa, necesidad de sentirse apoyada, sentimiento de culpa, cambios en los hábitos de sueños, pérdida de energía, pérdida de apetito, sentimiento de auto-desvalorización, ideación suicidas (piensa quitarse la vida)».