Un matrimonio niega en Pontevedra tener relación con el tráfico de heroína
PONTEVEDRA
El fiscal solicita inicialmente doce años de prisión
30 mar 2023 . Actualizado a las 20:00 h.A diferencia de lo ocurrido el pasado mes de diciembre cuando cuatro de los encausados en el marco de la operación Fireball-Kazino contra el tráfico de heroína alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Pontevedra, ayer otros dos procesados, un matrimonio de Carballo, rechazaron cualquier tipo de pacto. De este modo, mantuvieron su inocencia en la primera de las dos jornadas de juicio previstas inicialmente.
Por su parte, su abogado no solo instó a que se declarasen nulos los pinchazos telefónicos alegando una suerte de vulneración de derechos, sino que sostuvo que sus clientes fueron investigados a raíz de que se hubieran levantado siete actas de intervención de droga en las inmediaciones del domicilio de estos encausados y porque Mihail tenían antecedentes.
Además el letrado esgrimió la existencia de informes relativos a la drogadicción de sus clientes en el momento de los hechos, al tiempo que mantuvo que el dinero en efectivo que hallaron en el domicilio no estaría relacionado con el tráfico de estupefacientes. A este respecto, señaló que una sobrina del matrimonio les pidió que le guardasen el dinero de la venta de una vivienda, mientras que otros quince procedían de una herencia de su madre, así como mantuvo que el dinero no estaba en el banco porque en su cuenta le estaban entrando embargos.
Además, aludió al extremo recogido por el escrito de acusación relativo a que instalaron cámaras de videovigilancia. Mientras el fiscal mantiene que estos dispositivos tenían como objeto mejorar la seguridad para el desarrollo de actividades ilícitas, la defensa las vinculó con un problema que el matrimonio tenía con un familiar.
Tanto Mihail como Emilia se enfrentan a fuertes peticiones de pena por parte del fiscal. De este modo, inicialmente, se les solicita nueve años de prisión y multa de tres millones de euros por un delito contra la salud pública, y tres años de cárcel por un segundo cargo de tenencia de armas prohibidas. La acusación mantienen que en su domicilio se intervino una escopeta semiautomática con el cañón recortado.