La estrategia del alcalde para cerrar la pastera fracasa y deja un escenario en la ciudad que se evaluará en las urnas el próximo mes de mayo
12 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La victoria judicial de Ence supone la mayor derrota política que ha sufrido Miguel Anxo Fernández Lores en los 24 años que lleva como alcalde de Pontevedra. El empeño personal que el regidor puso en llevar a término el «peche xa», fue vapuleado por el fallo del Tribunal Supremo que garantiza la legalidad de la prórroga que la pastera recibió en 2016.
Por el contrario, el fallo del alto tribunal no solo es celebrado por las cinco mil personas y sus familias que dependen laboral y económicamente de la continuidad de la celulosa. También ha sido vitoreado por quienes políticamente se habían alineado con Ence. En particular, el PP y la Xunta de Galicia. Y supongo que, desde la lejanía, también por Mariano Rajoy.
Revolcón
La sentencia avanzada -aún no conocemos su integridad- ha sorprendido a todos. Incluso al bando ganador. Ni siquiera el equipo jurídico de Ence, el bufete Garrigues Walker esperaba un pronunciamiento tan favorable pues suponían que sería con condicionantes que, aparentemente, no se exigen. En cambio, quienes no aguardaban un revolcón como el sufrido era el otro bando, liderado por el alcalde pontevedrés, pues estaban persuadidos de que el Supremo confirmaría las condenas de la Audiencia Nacional.
La decisión ha producido un enorme cabreo en ese sector político y social, capitaneado por el BNG. La reacción del regidor pontevedrés con frases como «a sentenza é un fracaso do Estado de dereito», confirman el berrinche que sufren Lores y cuantos secundan la tesis del cierre de Ence. En ese bando se alinean otros alcaldes del entorno como Luciano Sobral y Félix Juncal juntos a cargos públicos del PSOE como la presidenta de la Diputación o el concejal pontevedrés Tino Fernández. Un sector que se nutre de asociaciones ecologistas que también pleitearon contra la permanencia, así como de colectivos y entidades, en parte satelizadas, cuando no subvencionadas.
Efecto dominó
A ese bando se sumó, desde 2019, el Gobierno de España. El Ministerio de Transición Ecológica fue quien que ordenó a la Abogacía del Estado allanarse en los pleitos entablados contra la prórroga otorgada por Rajoy. Hace una semana escribí sobre la ausencia de un plan b para Ence, según admitió con todo su cuajo Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. A pesar de que suponía un flagrante incumplimiento de los compromisos adquiridos por ese ministerio en la mesa de negociación que convocó con las partes en conflicto. Decía Morán que solo cabía «ejecutar la sentencia en los términos en los que esté…». Pues bien: el Tribunal Supremo le acaba de poner los deberes.
El fallo del alto tribunal tiene, por supuesto, efecto añadido. Establece jurisprudencia y, por tanto, sienta un precedente al que podrán asirse todas aquellas empresas y explotaciones radicadas en el litoral y afectadas por la Ley de Costas. La llamada cadena mar-industria cuya continuidad está amenazada por la exigente interpretación legal del Ministerio desoyendo la peculiaridad del litoral gallego.
Retorno obligado
La victoria de Ence no puede ser autocomplaciente. Hay que exigirle que acompañe su permanencia con un esfuerzo económico acorde a la rentabilidad que obtendrá hasta 2073. Ignacio de Colmenares, CEO de la pastera, aseguró que invertirán 130 millones en mejorar la factoría de Lourizán en la próxima década. Y que reactivarán el Plan Social, mecanismo con el que Ence subvenciona a través de un fondo de 3 millones de euros actividades culturales, vecinales, deportivas y publicitarias.
Opino que Ence debería ampliar ese fondo y recuperar con efecto retroactivo las dotaciones que no se dispusieron desde 2020 (es decir, 9 millones de euros) como señal de concordia social. Y también como respuesta al Concello, a fin de contrarrestar la política de subvenciones y convenios con la que el gobierno municipal de Lores ha domesticado a gran parte de los actores sociales y a la opinión pública.
Consecuencia electoral
Lo ocurrido acarreará consecuencias en las urnas. El alcance está por determinar.
El BNG espera rentabilizar la campaña contra Ence que Lores ha capitaneado. El candidato que aspira a una séptima reelección cree que encarna el sentir de la mayoría de los pontevedreses al suponer que están en contra de la continuidad de la celulosa. La antípoda es el PP. Rafa Domínguez celebró la sentencia como «la mejor noticia posible». Confía en recibir una marea de votos procedente de cuantos discrepaban de la campaña contra Ence en la que se embarcó el Concello y que castiguen a Lores y al PSOE.
Los socialistas han tenido que realizar un viraje urgente. El PSOE local, empujado por las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez e instalado en el seguidismo de Tino Fernández a las tesis de Lores, ha estado alineado desde 2019, con el «peche e traslado». Ahora la sentencia del Supremo ha aflorado que una parte del PSOE, desde Valentín González Formoso hasta Iván Puentes aflojan en esa oposición, acatan el fallo y apelan a pasar página y mirar al futuro.
Resta por saber el efecto electoral para otras candidaturas. Especialmente para la nueva Pontevedra Alternativa que ha colocado en su lista a Ana Cedeira, destacada sindicalista y trabajadora de Ence.
El 28 de mayo, las respuestas.