Deniegan el asilo a una salvadoreña y sus tres hijos asentados en Pontevedra y amenazados por las maras
PONTEVEDRA
La Audiencia Nacional recuerda que El Salvador dispone de legislación y lleva a cabo programas específicos para combatir esta criminalidad
05 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia Nacional acaba de confirmar la denegación del derecho de asilo a una mujer y sus tres hijos menores de edad que residen en Pontevedra a pesar de asegurar estar amenazados de muerte por las maras salvadoreñas. Los magistrados, aludiendo a la legislación vigente, sostienen que «los motivos alegados de persecución, amenazas y extorsiones económicas por parte de pandilleros de bandas de delincuentes, no están conectados con una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas», de tal modo que los autores de estos hechos son «agentes distintos de las autoridades de su país de origen».
Además, la resolución a la que ha tenido acceso La Voz remarca que estos hechos protagonizados por agentes no estatales tampoco alcanzan «el nivel de una persecución protegible». Y es que, según se recoge, El Salvador dispone de una legislación y lleva a cabo programas estatales para combatir este tipo de criminalidad, de tal modo que se remarca que «el espíritu y finalidad de la institución del asilo no residen en otorgar protección ante fenómenos de inseguridad ciudadana en los distintos países, sino, tan solo, otorgarla en casos de persecución por los motivos contemplados en la Convención de Ginebra de 1951 y nuestra Ley de Asilo», por lo que no sería aplicable en este caso concreto.
Condición de refugiados
De igual modo, se rechaza que la mujer e hijos puedan acceder a la condición de refugiados o se les conceda una autorización de permanencia en España por razones humanitarias. Con respecto a la figura del refugiado, la Audiencia Nacional subraya que no se han formulado argumentos «como para creer que el regreso a su país pudiera determinar riesgo de sufrir tales daños».
Y en lo que respecta a las razones humanitarias, los jueces inciden en que estas «no se refieren a cualquier razón de tipo humanitario, sino que necesariamente tienen que estar vinculadas a un riesgo real de desprotección por razón de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso» sin atender, añaden, «a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas».
De este modo, los magistrados madrileños desestiman el recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del subsecretario del Ministerio del Interior por las que se deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Además a la afectada se le impone el pago de unas costas que, en todo caso, no superarán los 1.500 euros. Esta sentencia es recurrible en casación ante la misma sala de la Audiencia Nacional.
«Tenemos la información de donde estudian tus hijos, te los vas a encontrar en bolsas»
Fue a finales de enero del 2019 cuando la mujer y sus tres hijos presentaron en Pontevedra su solicitud de asilo, pero su historia comenzó a fraguarse varios años atrás, en el 2010, cuando la afectada comenzó a trabajar de profesora en un complejo educativo de su país de origen.
No pasó mucho tiempo hasta que las maras contactaron con ella. Así, entrado el 2011, tanto esta mujer como sus compañeros de profesión recibieron una serie de cartas remitidas extorsionándoles. En ellas, según refiere la resolución de la Audiencia Nacional, «le decían que tenía que pagar 150 dólares mensuales», al tiempo que le comunicaban que «sabían los hijos que tenía y [que], si no quería que les pasase nada, debía pagar».
Esta cantidad se incrementó hasta los doscientos euros en el 2013, dinero que la mujer continuó abonando «por miedo». Y es que, según expuso durante la tramitación de su solicitud de asilo ahora denegada judicialmente, tenía muy presente lo ocurrido a una compañera que se había negado a pagar: «Le secuestraron a sus dos hijos menores, no sabiendo hasta el día de hoy si estarán vivos o muertos».
Tal era el calvario por el que estaba pasando que en el 2014 renunció a su puesto de trabajo —«la mitad de lo que ganaba se lo estaba pagando a los pandilleros»— e, incluso, se cambió de domicilio, de tal modo que, al año siguiente, estaba empleada en un colegio privado.
Sin embargo, la tranquilidad no le duró mucho, apenas tres años. Ya que en el 2018, «cuando iba caminando hacia el centro de la ciudad, se le cruzó una motocicleta con dos individuos, los cuales le manifestaron ‘con que pensaste que te habías librado de nosotros. No quisiste seguir colaborando con nosotros. Tenemos la información de donde estudian tus hijos, te los vas a encontrar en bolsas igual que tu vecino', marchándose ambos rápidamente con la moto».
Denuncia ante la Fiscalía
El 10 de julio del 2018 dio el paso de denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía de El Salvador, si bien precisó que no tenía copia de la misma, dado que solo le habrían facilitado el número de diligencias y la identidad de la persona que la atendió.
En todo caso, el incidente ocurrido en la calle y a plena luz del día fue la gota que colmó el vaso. Volvieron los miedos ya no solo por ella, sino por sus hijos, por lo que, de nuevo, renunció a su puesto de trabajo e impidió que los niños fueran al colegio. Fue entonces cuando, según siempre la versión que ofreció a las autoridades españolas, «tomó la decisión de abandonar el país y venirse a España», dada la seguridad existente y la facilidad del idioma. «Temían que, si se quedaban en el Salvador, los terminarían matando», añadió.
El 22 de julio del 2018 consta la entrada de los cuatro en España.