No han bastado los ocho fallecimientos en accidentes de tráfico registrados en apenas un mes para que el Gobierno cambiase de opinión con respecto a las actuaciones que acometerá en la carretera N-541. Lejos de repensarse su plan inicial, el Ministerio de Transportes no se ha inmutado. Sigue instalado en la idea de que la N-541 no es tan peligrosa. Pese a lo que vienen denunciando informes de siniestralidad como el que anualmente suscribe el Real Automóvil Club de España (RACE).
Mientras ha mandado de emisario al delegado del Gobierno, José Miñones, para hacer otro «papelón». Por partida doble. Primeramente, fue el miércoles a Forcarei para anunciar que el Gobierno gastará 4 millones de euros en obras de conservación (es decir, un parcheo) de 17 kilómetros de la N-541 que discurren por el concello forcareicense. Por cierto, con gobierno municipal presidido por alcaldesa socialista, Verónica Pichel. Y al día siguiente, alguien le hizo ver a Miñones que había «olvidado» mencionar que también se actuará en el puente de Pedre, donde se precipitó el autocar de Monbus al río Lérez, lo que tuvo que corregir con otra declaración.
Ambos anuncios del delegado parecen destilar el «oportunismo político» que el propio Miñones criticó del alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y demás alcaldes que firmaron el Pacto de Pedre. Frente a actuaciones puntuales que promueve el Gobierno, existe una petición mayoritaria —solo se desmarcó Forcarei— para una reforma integral demandada por diez concellos por los que discurre esa carretera nacional y apoyada, además, por las ciudades de Pontevedra y Ourense.
Me temo que será inevitable que haya más muertos en la N-541 para que el Gobierno de España asuma la necesidad imperiosa de una intervención total.