Cuatro de los acusados de hacer talas clandestinas en Pontevedra pactan con el fiscal

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

El juicio estuvo presidido por los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra
El juicio estuvo presidido por los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra LAURA LÓPEZ

Un quinto, agente de la Guardia Civil, negó cualquier relación con este grupo criminal. «No hay el más mínimo indicio sólido», sostuvo su abogado

03 feb 2023 . Actualizado a las 09:47 h.

Cuatro de los cinco acusados de conformar un entramado para realizar talas de madera clandestinas por toda la provincia de Pontevedra llegaron este jueves a un acuerdo con la Fiscalía. De este modo, y según recoge la agencia Efe, aceptaron diez meses de prisión por el delito de hurto continuado, idéntica pena por falsedad continuada en documento oficial, un mes de cárcel por pertenencia a grupo criminal y el pago de una multa de 3.500 euros por un cargo penal de infidelidad en la custodia de documentos.

Asimismo, asumieron que durante cinco mese no podrán obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

De este modo, reconocieron lo recogido por el escrito de acusación del ministerio público, donde se consignan unas cuatro decenas de afectados en los concellos de Cangas, Poio, Meis, Ponte Caldelas, Bueu, Sanxenxo, Meaño, Caldas de Reis o Barro, algunos de los cuales fueron indemnizados antes de la celebración de la vista oral. El fiscal mantuvo que los encausados realizaron «talas de árboles, generalmente eucaliptos, en parcelas cuyos propietarios no les habían vendido previamente la madera o en parcelas cuyos propietarios se encontraban ausentes o residiendo fuera de la zona en la que cortaban o en el extranjero».

A la hora de llevar a cabo estas actividades, se aprovechaban de que determinadas propiedades «no estaban bien descritas en los registros oficiales o no aparecían en ellas los actuales propietarios».

Y para no despertar sospechas en el caso de inspecciones, no dudaban en solicitar las pertinentes autorizaciones administrativas. Para ello, en ocasiones, las solicitaron «a nombre de personas que nada tienen que ver con la propiedad del terreno (...) obteniendo un título ficticio con el que amparar las labores» ante los agentes forestales.

Quien no quiso saber nada de un acuerdo con la Fiscalía de Pontevedra y mantuvo su inocencia ante los magistrados de la Audiencia de Pontevedra fue un quinto encausado, agente de la Guardia Civil en la Comandancia.

En su escrito, el ministerio público sostiene que el papel de este agente fue muy relevante para obtener toda clase de informaciones relativas a la situación de las fincas o de sus titulares empleando, supuestamente, las claves que utiliza su unidad para acceder a la sede electrónica del Catastro. Entre otros cometidos, habría podido localizar «parcelas que tuvieran algún aprovechamiento maderable, comprobar los linderos o comprobar los datos de los titulares si estos eran conocidos porque, en algunas ocasiones, las parcelas forestales aparecían en el Catastro en situación de ‘en estudio', lo cual implicaba que no había una determinación clara del actual titular».

Posible abuso de funciones

La acusación mantiene que habría abusado de las funciones que tenía encomendadas y actuado en perjuicio de los propietarios reales facilitando tal información a los otros acusados.

De este modo, y según refiere la agencia Efe, el fiscal insistió en la Audiencia de Pontevedra que esta «colaboración necesaria» ha quedado «sobradamente probada». Y ello, a pesar de que durante el juicio los otros cuatro procesados negaron que el agente les hubiese facilitado tales datos que «no son de acceso libre y que solo se facilitan a quien acredite un determinado interés», como tampoco otros testigos que declararon en sala lograron identificarle como implicado en este grupo criminal.

Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido la libre absolución de su cliente, ya que «no hay el más mínimo indicio sólido» de que el guardia civil hubiera facilitado tales informaciones.