La octava víctima mortal en la N-541 refuerza la demanda de mayor seguridad vial. Y el caso Ence, a expensas del Supremo, confronta criterios judiciales, intereses políticos y económicos
15 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia, ha protagonizado esta semana dos solemnes meteduras de pata, a propósito de asuntos de máxima actualidad en Pontevedra y comarca. Una de esas torpezas es especialmente dolorosa, para con las familias y vecinos de las víctimas de los últimos accidentes de tráfico en la carretera N-541. Ocho muertes en apenas veinte días. La última víctima, solo unas horas después de que el delegado gubernativo tildase de «oportunismo político» la demanda de alcaldes de diverso signo que requieren la mejora de esa carretera nacional, a través del llamado Pacto de Pedre.
La otra pifia del señor Miñones es a costa del papel del Gobierno al que representa en el asunto del futuro de la fábrica de Ence, por cuanto recurrió a un argumento tan absurdo como obvio para justificar lo injustificable: que no existe estudio alguno del Ministerio de Transición Ecológica sobre posibles alternativas para el traslado de la pastera, pese al compromiso adquirido en la mesa de negociación que se celebró en la Subdelegación del Gobierno, en Pontevedra. La «explicación» del señor delegado es que «se está a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo». Un año después. ¡Toma ya!
Otro accidente inexplicable
Aún resonaba la crítica de José Miñones acusando de supuesto oportunismo político a los alcaldes firmantes del Pacto de Pedre cuando en la mañana del viernes moría a causa de otro accidente en esa misma carretera, el marinense Benito Carballal, cuya moto se deslizó en una curva de Tenorio, se cruzó de carril e impactó contra el guardarraíl. Por los datos que se van conociendo este avezado motorista de 52 años, acostumbrado a pilotar grandes trayectos —se dirigía a una concentración motera en Segovia- a lomos de una BMW de gran cilindrada—, sufrió un accidente inexplicable para cuantos sabían de su pericia. Salvo que la moto le patinase debido al evidente mal estado del firme en el lugar del accidente. Me remito a las fotografías tomadas y distribuidas tanto por la Guardia Civil de Tráfico como por Protección Civil de Cerdedo-Cotobade que se han publicado.
Por tanto, y a expensas de lo que deponga el atestado correspondiente, es posible que estemos ante otro accidente en el que pudieron influir factores exógenos como el estado de la carretera y las condiciones meteorológicas. Es decir, como también parece podría haber ocurrido en el trágico accidente del autocar de Monbus que cayó al río Lérez, en Nochebuena, con siete víctimas mortales. O con siniestros anteriores de otros moteros.
Urge una disculpa
Se preguntaba el alcalde de Cerdedo-Cotobade: «¿Cuántos accidentes y fallecidos más tiene que haber para que no se nos acuse de oportunismo político?». Jorge Cubela es uno de los siete alcaldes de concellos por los que atraviesa la N-541 que reclaman la reforma integral de esa carretera. La demanda cuenta además con el apoyo de las ciudades de Pontevedra y Ourense, lo que añade más empaque a ese frente común que agrupa a gobiernos municipales del PP, del PSOE, del BNG y hasta… Jácome. No les basta con los dos «parcheos» en un par de tramos de la carretera, no explicitados, que Miñones anunció (¿sin oportunismo?) el jueves.
Tildar de «oportunismo político» una demanda tan evidente, con el infortunio añadido de decirlo coincidiendo con otro accidente mortal en la N-541, obliga al señor Miñones a una urgente petición de disculpas.
El Supremo puso fecha
Hace una semana, cuando atisbamos algunas de las principales cuestiones informativas de este nuevo año, avisábamos que la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el futuro de la fábrica de Ence, constituye una de las noticias más esperadas e influyentes de la década. Acabamos de conocer que la Sala que debatirá y votará el fallo de los recursos presentados contra la anulación de la prórroga que sentenció la Audiencia Nacional, tiene previsto reunirse el 7 de febrero. Dos magistrados, una de signo progresista, otro del llamado sector conservador, serán los ponentes. De modo que habrá una confrontación de fundamentos jurídicos que alentarán la votación (o votaciones en días sucesivos) hasta que la Sala alcance un fallo por mayoría o unanimidad. Tampoco habría que descartar un nuevo aplazamiento de la decisión, como ya ocurrió en octubre pasado.
A sus señorías no se les escapa que van a decidir sobre un caso icónico en cuanto a la instalación de industrias en espacios de dominio público marítimo-terrestre del litoral español.
Confrontan el derecho de uso frente a las políticas de recuperación del medio ambiente. Se enfrentan factorías que como Ence moviliza cerca de 500 millones de euros anuales del producto interior bruto (PIB) de Galicia y 5.000 empleos entre directos e indirectos, frente a políticos que como Miguel Fernández Lores apuestan por el «peche, xa» y un traslado teórico, sin alternativas para el empleo en riesgo y en aras a una hipotética recuperación de la franja litoral.
Sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, va a tener una enorme repercusión en Pontevedra, en Galicia y en el resto de España. Y, por supuesto, se traducirá también en las urnas donde ya veremos quién resulta premiado y quién castigado. En municipales y en generales. Aunque el pleito judicial se prolongará y llegará en apelación al Tribunal Constitucional.