Un acuerdo entre particulares obliga a mantener el acceso a Galerías desde Gutiérrez Mellado
PONTEVEDRA
Incluso durante la demolición se dejará abierto un paso
17 abr 2023 . Actualizado a las 18:35 h.El proyecto de demolición del edificio del número 3 de Gutiérrez Mellado, que sirve de acceso a las Galerías Oliva, contempla mantener abierto el paso a la zona comercial. El concejal de Urbanismo, Xaquín Moreda (BNG), confirmó que el proyecto incluye este acceso con la protección necesaria para hacerlo compatible con la obra de derribo, que cuenta con licencia y tiene un plazo de ejecución de doce meses.
Aunque el planeamiento urbanístico no contempla la necesidad de mantener el acceso a las Galerías, es un acuerdo entre particulares el que obliga a respetar esta servidumbre de paso. Sería, apuntan diversas fuentes, un acuerdo privado firmado hace décadas entre los diferentes propietarios de la zona comercial, que cuenta con cuatro ramales —tres con salida a la calle Oliva y una a Gutiérrez Mellado— y afecta a cinco edificios con portales en diversos puntos de las propias Galerías.
«De existir, trátase dun acordo privado no que o Concello non intervén nin coñece», señaló Moreda, que confirmó que todavía no existe constancia en la sede municipal de las intenciones de los propietarios del inmueble de Gutiérrez Mellado una vez que se ejecute la demolición.
De hecho, se desconoce si el futuro desarrollo urbanístico del solar será exclusivamente residencial o contemplará oficinas como el edificio actual, si se mantendrán varios locales comerciales o habrá otro tipo de aprovechamiento de la planta baja. Lo que sí parece es que, una vez que el proyecto de demolición contempla la obligación de dejar abierto el acceso a Galerías —aunque sin especificar las dimensiones del paso—, no sería descabellado pensar que el futuro inmueble lo incluya también, ya que estaría obligado a respetar ese mismo acuerdo privado.
En cuanto al inmueble colindante —que hace esquina con Michelena y cuya demolición frenó Patrimonio— está pendiente de un recurso judicial, pero los inquilinos tienen hasta el 31 de este mes para abandonar sus oficinas, lo que hace prever un inminente acuerdo entre los propietarios y Patrimonio.