Afectados por los derribos de ocho chalés en Combarro se movilizan este sábado
PONTEVEDRA
Exigen una solución a la Xunta para que las familias no se queden sin casa
13 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.A raíz de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hubiese rechazado el recurso con el que se pretendía suspender la ejecución del derribo parcial de ocho chalés de la urbanización Mar de Tambo, ubicada en Chancelas (Combarro), afectados por estas demoliciones han convocado una nueva protesta para exponer su situación y reclamar una solución. De este modo, está previsto que este sábado se echen, de nuevo, a la calle para insistir en que la actuación decretada en su día por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y confirmada por sucesivas resoluciones judiciales dejará sin vivienda a varias familias que residen en esta urbanización de Poio.
Las fuentes consultadas precisaron que se trata de un derribo parcial, ya que se debe acometer un retranqueo de dos metros en la fachada de ocho de los quince inmuebles construidos frente a la playa de Ouriceira. Añadieron que el hecho de que tal demolición no se hubiera realizado aún voluntariamente por los titulares de las viviendas ya ha conllevado la imposición de multas que suman, según estimaron al respecto, unos cuatrocientos mil euros.
Los afectados dirigen la mayor parte de sus críticas a la Xunta de Galicia, al tiempo que reprochan una suerte de doble rasero al comparar su situación con la de la empresa Ence. Así, sostuvieron que, mientras que en el caso de la pastera la Administración autonómica se estaría volcando para encontrar una solución que evite su marcha de la ría de Pontevedra, «a nosotros no nos reciben».
En este sentido, otras críticas hacia la Administración autonómica aluden a que consideran que existió una deficiente supervisión para impedir que las casas se levantasen a la distancia establecida por la normativa vigente. De igual modo, sostienen que no se les informó hasta el 2014 que las propiedades presentaban este tipo de irregularidades, lo que provocó que buena parte de las mismas hubieran sido adquiridas antes de que los tribunales confirmarán las irregularidades y cuando contaban con licencia municipal y autonómica.
Incidieron en que, en su día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por esta falta de información: «Si bien es cierto que la demandante compró su vivienda cuando ya se había iniciado el procedimiento sancionador contra [la promotora], no hay indicios de que dicho procedimiento le fuese notificado». De hecho, la orden de demolición se inscribió en el Registro de la Propiedad en abril del 2014, «sin ninguna otra notificación a la demandante», circunstancia que la Justicia europea estima que «no resulta suficiente para considerar que aquella fue debidamente notificada».
En principio, la movilización partirá de la Igrexa Nova de Combarro a las seis y media de la tarde del sábado para concluir en la plaza de Chousa.