El precio anual del futuro contrato de residuos de Pontevedra se dispara hasta los 11,6 millones
PONTEVEDRA
El Concello revisa al alza el estudio económico para compensar el incremento del IPC y el coste de la energía con el fin de que el concurso no quede desierto
05 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La planificación del nuevo contrato de gestión de residuos que durante meses habían llevado a cabo los servicios económicos, técnicos y jurídicos del Concello de Pontevedra se ha ido al garete debido a la previsión de incremento «desmesurado» del IPC y de los costes energéticos, especialmente de los carburantes, así como del incremento del precio de los bienes industriales. Así, lo que en abril se calculaba que tendría un coste anual de 10,7 millones de euros ahora se ha disparado prácticamente un millón más, hasta los 11,6 millones.
El concejal responsable de Residuos, Raimundo González Carballo (BNG), explicó este martes que a la vista de los datos macroeconómicos fue necesario «actualizar o estudo económico-financieiro, de viabilidade da concesión e o anteproxecto de explotación do contrato». Solo los gastos de personal —a un IPC interanual que puede rondar el 9 % hay que añadir los términos del nuevo convenio colectivo— absorben buena parte de ese incremento, ya que suponen un coste a mayores de unos 700.000 euros anuales para el nuevo contrato con respecto a lo calculado a principios de año.
«Foi necesario resetear todo o proceso, facer de novo o estudo económico», explicó el concejal, ya que «temos o máximo interese en que presenten ofertas o maior numero de operadores posible, independentemente de que logo poda haber baixas no prezo ou non».
González Carballo admitió que con el precio de licitación inicial —esos 10,7 millones de euros anuales— existía el riesgo de que la licitación quedase desierta a la vista del incremento de costes.
Además, no ocultó que hubo otro factor que se tuvo en cuenta a la hora de «resetear» el apartado económico del concurso: el informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), un organismo de reciente creación que analiza la sostenibilidad de los contratos públicos, y que puso en duda el período de amortización previsto en la propuesta remitida desde Pontevedra, si bien el concejal destacó que dicho informe «non é vinculante».
El citado departamento estatal apreció «unha discordancia entre a recuperación do investimento e o duración do contrato». Es decir, que cuestionaba la ONE el período de 16 años previsto para la amortización de las inversiones cuando la duración total de la concesión era de 20. «Tivemos unha reunión cos diferentes técnicos do Concello encargados deste asunto para analizar e ver a implicación deste informe e tamén da nova lei de residuos 7/2022». Dado el tiempo transcurrido entre que se elaboraron los estudios económicos —la previsión era haber sacado a licitación el contrato antes del verano— «estimouse que era necesario refacer o estudo económico porque houbera, desde a data de elaboración ata ese momento, un aumento substancial do IPC. Aproveitamos ese reinicio para adaptar o informe da ONE, e agora a recuperación do investimento e a duración do contrato quedan ambos os dous en vinte anos».
Antes de fin de año
¿Qué va a pasar ahora con el contrato? Va a seguir su tramitación y González Carballo espera que se pueda licitar antes de fin de año. Este mismo martes se celebró una junta de gobierno local extraordinaria para dar luz verde a los nuevos estudios económicos, con el fin de retomar el proceso, y el documento al completo tiene que volver a la Oficina Nacional de Evaluación antes de su licitación. «Esperamos que esta vez non excedan o mes de prazo que teñen para pronunciarse», apuntó el concejal, que recordó que el anterior informe se demoró más de tres meses.
Las elecciones «non van ser determinantes» para adjudicar el servicio
González Carballo subrayó este martes que el de gestión de residuos «é, con diferenza, o contrato máis grande do Concello de Pontevedra», de ahí el interés del gobierno local para que se presente el mayor número posible de empresas aspirantes. Precisamente por ello, los pliegos están a disposición de las empresas en el perfil del contratante del Concello desde el pasado mes de abril, a modo de «anuncio previo». La idea era que las posibles concesionarias pudieran estudiar las condiciones del contrato con tiempo suficiente, ya que una vez que se abra la licitación el plazo de presentación de ofertas será de poco más de un mes.
Lo único que varía ahora con respecto a ese documento inicial es la parte económica —lo cual no es poco—, pero el resto de determinaciones del futuro contrato son exactamente las mismas, insistió Raimundo González. «Se tomamos como referencia o que podemos chamar borrador anterior, non hai ningún cambio no que se refire a rutas, recuperacións, compostaxe, centros comunitarios, individuais... Todo continúa igual nese sentido». También la obligación de la concesionaria de construir una planta de compost.
Lo que sí varía es el horizonte temporal. Si el contrato se hubiera licitado antes del verano, era plausible pensar que podría estar adjudicado en el primer trimestre del 2023. Con el retraso de seis meses que va a acumular cuando salga finalmente la licitación es más que probable que su adjudicación sobrepase la cita electoral prevista para mayo del 2023. «As eleccións municipais non van ser determinantes para adxudicar o servizo», subrayó el concejal.