El Villa de Pitanxo y la movilidad ferroviaria sí logran unir a la corporación de Pontevedra
PONTEVEDRA
El pleno aprobó sendas declaraciones institucionales de apoyo, al contrario de lo que sucedió hace un mes con la guerra de Ucrania
21 abr 2022 . Actualizado a las 20:31 h.Lo que no logró la invasión de Ucrania sí lo consiguieron los familiares del Villa de Pitanxo y la plataforma de afectados por los nuevos horarios de Renfe en Galicia y el pleno de Pontevedra aprobó este jueves sendas declaraciones institucionales de apoyo a las reivindicaciones de ambos colectivos. Ambas habían sido pactadas previamente, por lo que se evitó el bochorno del mes de marzo, cuando los políticos pontevedreses se tiraron cerca de media hora debatiendo y tirándose los trastos a la cabeza a costa de la situación en Ucrania.
Ayer fue diferente. Los deberes venían hechos y el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), se limitó a leer los textos consensuados para darle rango oficial. «Instar ao Goberno de España a posta en marcha, en coordinación co goberno canadiano, dunha operación de traballo subacuático que permita localizar o Villa de Pitanxo, descender ao mesmo e elaborar un traballo fotográfico e audiovisual sobre o seu estado, así como recoñecer a súa contorna e zona exterior do buque para verificar a localización dos corpos dos tripulantes desaparecidos». Ese es el contenido de la declaración relativa al barco hundido el 15 de febrero en Terranova. Al pleno asistieron familiares de los tripulantes, que agradecieron el gesto de la corporación pontevedresa e hicieron un llamamiento a que posicionamientos similares se reproduzcan en otros concellos, como sucedió anoche en Marín.
Reorganización de los horarios
En cuanto al tren, la declaración aprobada en el pleno es el resultado de la entrevista del alcalde con la plataforma de afectados y reivindica «a reorganización dos horarios da liña Vigo-A Coruña para permitir a conciliación dos horarios laborais e de estudos», que se repongan «todos os servizos eliminados como consecuencia da pandemia e da posta en funcionamento do AVE», que se adopten las medidas necesarias «para garantir a puntualidade dos convois de media distancia» y una política tarifaria «adaptada ás necesidades económicas do país e que mellore a flexibilidade dos abonos».
Las tres mociones del PP, rechazadas
Prácticamente se cuentan con los dedos de una mano las mociones que ha llevado el PP a pleno en este mandato que hayan sido aprobadas. El gobierno local BNG-PSOE suele aplicar el rodillo y casi invariablemente las propuestas acaban rechazadas... aunque luego se lleven a cabo las cuestiones que se proponen.
El pleno de este jueves no fue una excepción: tres mociones, tres rechazos del gobierno local. Hay que decir que a veces no se acaba de entender la oportunidad de alguna de las propuestas. Como la relacionada con mejoras del servicio de recogida de basuras en el rural. El PP sabe que es inminente la licitación de un nuevo contrato por veinte años, por lo que resulta casi incomprensible que se presente ahora esta moción. La defendió Martín Martínez, que criticó de la «dejadez del gobierno local hacia el rural». Alberto Oubiña (BNG), replicó aludiendo a los 103 millones de euros que se invierten en este mandato en las parroquias.
Polígono de O Campiño
La siguiente moción proponía «medidas urgentes» de mantenimiento y mejora del polígono industrial de O Campiño. Pablo Fernández repitió el mantra del PP de que la ausencia de un plan xeral actualizado impide desarrollar suelo industrial en el municipio, y César Mosquera (BNG), respondió recordando un informe de la Xunta que considera innecesario dotar a Pontevedra debido a la existencia de otros polígonos cercanos y a que cabe la posibilidad —con el actual PXOM— de ampliar O Campiño.
Y sobre el mantenimiento, Mosquera señaló que la única competencia municipal es la retirada de basura no industrial y el pintado de los viales.
La última moción pedía que el Concello habilite una línea de ayudas de hasta 600 euros anuales para ayudar a «1.500 familias vulnerables» que padecen pobreza energética. El concejal de Benestar Social, Marcos Rey (PSOE), recordó que el Estado, la Xunta y el propio Concello tienen ya mecanismos para hacer frente a este tipo de ayudas, que en Pontevedra solicitaron el año pasado 150 familias. Y subrayó que la línea autonómica atendió el año pasado 6.000 solicitudes. «¿Afirma o PP que un cuarto das familias que sofren pobreza enerxética en Galicia están en Pontevedra?», se preguntó.