La Audiencia Nacional anula el uso privado de los terrenos de Pontesa en Pontevedra
PONTEVEDRA
Una sentencia instada por el Concello de Pontevedra revoca la prórroga de la concesión
24 mar 2022 . Actualizado a las 17:15 h.Una sentencia de la Audiencia Nacional abre la puerta a la recuperación para uso público de los más de 35.000 metros cuadrados sobre la ría de Vigo que desde 1959 vienen ocupando las naves de la antigua Pontesa, en Ponte Sampaio. El fallo —que no es firme pues cabe la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo— estima el recurso presentado por el Concello de Pontevedra contra la ampliación por veinte años de la concesión, un permiso que la Dirección General de Costas otorgó en diciembre de 2017 a Itaipú-Trade SL, empresa vinculada al sector inmobiliario.
Aquella prórroga se concedió especificando que «las instalaciones serán utilizadas exclusivamente como naves de almacenamiento y no de producción», y es precisamente ese uso el que determina que la Audiencia Nacional desestime la ampliación de la concesión. Lo hace empleando el mismo argumento por el que el mismo tribunal anuló hace unos meses la prórroga otorgada a Ence: que el artículo 32.1 de la Ley de Costas establece que «únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación».
Así las cosas, el fallo es contundente: considera que «no ha quedado acreditada» que la actividad para la que se concedió la prórroga solamente pueda ser desarrollada en terrenos de dominio público marítimo terrestre.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), hizo pública la sentencia este miércoles y no ocultó su satisfacción por el sentido del fallo. «É un gran avance para a recuperación da ensenada do Ulló», apuntó el regidor, que insistió en que se trata de «unha boa noticia» para Pontevedra y para el medio ambiente, pues se abre la puerta a que esos terrenos, que fueron rellenados en su día para acoger una actividad industrial, puedan recuperarse para uso público.
Proceso iniciado por el Concello
Lores dio cuenta del fallo porque fue el Concello de Pontevedra el que inició el proceso judicial para anular la prórroga. La decisión la tomó el gobierno local en agosto del 2019, y cuando fue a pleno un mes después el grupo municipal del PP votó en contra de explorar la vía judicial. El portavoz, Rafa Domínguez, lo tildó de «recurso político», aseguró que estaba condenado al fracaso y que le costaría «un pastizal» a los pontevedreses. Hay que recordar que la moratoria de la concesión por veinte años a Itaipú-Trade SL había sido concedida por un Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
Lo cierto es que la sentencia estima el recurso planteado por el Concello y declara la nulidad de la prórroga. El fallo de la Audiencia Nacional no atiende ninguna de las argumentaciones expuestas por Itaipú-Trade SL, que en el año 2004 se hizo con la titularidad de las naves e instalaciones de la antigua Pontesa. Desde entonces abona un canon anual de 30.000 euros.
Una de las alegaciones se refería a la decisión de la Abogacía del Estado de allanarse del proceso, una decisión que se tomó en marzo del 2020 y que emulaba también al proceso seguido en relación con Ence. Itaipú-Trade consideró que este allanamiento constituía un «fraude de ley», algo que desestiman los jueces de la Audiencia Nacional. También rechazan que el Concello hubiera actuado sin dictamen jurídico previo, que era otra de las alegaciones que planteaba la concesionaria de los terrenos.
Asimismo, la representación legal de la empresa trató de hacer valer que el citado artículo 32.1 de la Ley de Costas no es aplicable para concesiones otorgadas con anterioridad a 1988, y la Audiencia tampoco lo toma en consideración.
La concesión data de 1959, las naves se legalizaron en 1966 y se ampliaron en 1976
Para localizar el origen de las naves de Pontesa en la ensenada que forma la desembocadura del río Verdugo en la parroquia de Ponte Sampaio (Pontevedra) hay que remontarse al año 1959, cuando por orden ministerial se concedió la ocupación de 33.000 metros cuadros de la zona marítimo terrestre en la playa de O Vao. Aquella autorización inicial especificaba que el destino era «relleno para almacenamiento de primera materias para industria cerámica», y era por plazo ilimitado. En 1966 otra orden ministerial legalizó las obras que se habían realizado sin permiso dentro de la concesión, y se fijó la duración de esta en 99 años.
En 1973 se transfirió la concesión a Alfares de Puentesampayo SA, una firma vinculada al Grupo de Empresas Álvarez (GEA), y en 1976 se autorizó a esta entidad a levantar la primera ampliación de la fábrica Pontesa, al tiempo que se redujo el plazo de la concesión a 50 años.
A principios de los años 2000 quebró GEA y cesó la actividad de Pontesa. El juzgado de lo Social numero 2 de Vigo subastó los bienes del grupo empresarial, y en el 2004 adjudicó a la firma Itaipú-Trade SL la titularidad de la vieja planta de Pontesa y, por tanto, de la concesión.
En el 2016 esta firma presentó una solicitud de prórroga, y el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra emitió informe favorable a finales del 2017. Para entonces, los rellenos autorizados habían sumado más de 2.000 metros cuadrados a la concesión original, y los terrenos de los que disponía Itaipú-Trade en dominio marítimo terrestre ocupaban una superficie de 35.353 metros cuadrados. Ahora dicha prórroga ha sido anulada.