El Supremo admite a trámite el recurso de casación de Ence contra una de las tres sentencias que anula su concesión
PONTEVEDRA
La empresa califica de «noticia importante para la compañía» la decisión del Alto Tribunal
02 mar 2022 . Actualizado a las 11:50 h.Ence ha recibido un balón de oxígeno judicial del Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la pastera contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la prórroga de su concesión en la ría de Pontevedra. Esta decisión del alto tribunal mantiene abierta una lucha judicial que la empresa aseguró que llevará hasta el final para defender la legalidad de la prórroga extraordinaria por 75 años que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2016 (dos años antes de que expirase la concesión original).
«A la espera de que el alto tribunal dicte su sentencia, y a la espera también de que se pronuncie sobre si admite a trámite los otros dos recursos, esta admisión es una noticia importante para la compañía», señaló ayer Ence en un comunicado, en el que también recalcaba que «agotará todas las vías judiciales para defender la prórroga de la biofábrica, siempre desde el absoluto respeto a las decisiones de la Justicia y a los cauces que esta establece».
El Supremo admite a trámite el recurso de casación presentado por la pastera contra una de las tres sentencias dictadas por la Audiencia Nacional el pasado verano. Estos fallos anulaban la concesión en terrenos de dominio marítimo terrestre hasta el 2073, dando la razón a las demandas que presentaron, por separado, Greenpeace, el Concello de Pontevedra y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR). El recurso que ahora se admite —presentado por la pastera, los comités de fábrica y oficinas, así como la Autoridad Portuaria, la asociación de la primera transformación de la madera y hasta seis empresa del sector— es el relativo al pleito abierto por la agrupación ecologista.
En el auto se recoge que hay «interés casacional» para formar jurisprudencia si se trata de instalaciones o actividades que «por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, así como el alcance de este precepto cuando el demanio no se encuentra en su estado natural y ha sido transformado como consecuencia de la intervención de la Administración del Estado». El Supremo alude a una reciente sentencia de este mismo tribunal sobre una concesión situada en dominio público marítimo-terrestre en Murcia. Según explica Ence, en ese fallo se consideró lícita la prórroga de la concesión.
A pesar de que en ese caso se trataba de una vivienda y no de una fábrica, el alto tribunal «aconseja un nuevo pronunciamiento de esta sala» por la «trascendencia social y económica» que reviste la prórroga de la concesión de la pastera.
Justificar su ubicación
Para entender este recurso de casación hay que volver la vista atrás, concretamente hasta el pasado julio, cuando las sentencias de la Audiencia Nacional anularon la concesión subrayando que Ence está en una localización «singular» y recalcaron la «exigencia de justificar la necesidad de ubicar la factoría en terreno marítimo-terrestre». Esa franja litoral solo se podría ocupar «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». La sala entendió que eso no estaba justificado, ya que se podrían buscar ubicaciones alternativas, y anuló la prórroga que le permitía estar en los actuales terrenos hasta el 2073.
Técnicamente, Ence carece de concesión porque las tres sentencias de la Audiencia Nacional la anulan en su totalidad sin ofrecer un período alternativo. Pero la reciente admisión a trámite del recurso de casación da tiempo a la pastera. Mientras el procedimiento esté abierto en el Supremo, la fábrica podrá seguir operando en Pontevedra.
La pastera llegará hasta el final para defender la legalidad de la concesión de una empresa que genera cerca de 5.100 puestos de trabajo en toda Galicia y que ocupa 375.524 metros cuadrados de dominio marítimo-terrestre desde 1958, año en el que se instaló en Lourizán con una concesión a la que la Ley de Costas de 1988 puso fecha de caducidad: 2018.
Impacto económico de las sentencias
En el 2021, Ence registró pérdidas de 190 millones de euros como consecuencia, según informan desde la compañía de las provisiones por 200 millones efectuadas en el primer semestre del 2021 «en cumplimiento de la normativa contable, tras las sentencias de la audiencia Nacional sobre la prórroga extraordinaria de la concesión de su biofábrica de Pontevedra».
De no ser por el impacto de las sentencias, la compañía añade que «el grupo volvería a los beneficios en el 2021, con un resultado neto atribuible de diez millones».
Reacciones políticas en Pontevedra
En el Concello de Pontevedra, una de las entidades implicadas directamente en las sentencias relacionados con la prórroga de Ence, las reacciones al paso dado por el Supremo no se hicieron esperar. Desde el gobierno local, tanto BNG como PSOE daban por hecho que el alto tribunal admitiría a trámite los recursos.
La concejala Carme da Silva (BNG), aseguró que los servicios jurídicos del Concello «levan traballando dende hai tempo coa previsión de que o Supremo admitiría eses recursos. Nun tema de tanta envergadura e complexidade, era o previsible». A la hora de hacer una valoración política de este paso, Da Silva apuntó que que el Concello de Pontevedra espera que en la resolución del Supremo «pesen os elementos xurídicos», pues de no ser así «introduciría elementos de discrecionalidade na aplicación da lexislación en materia de liberación do dominio público».
El teniente de alcalde, Tino Fernández (PSOE), restó peso a la decisión del Supremo, «que non ten máis trascendencia que un acto administrativo e que non presupón nada no fondo do asunto». Para el socialista «as sentenzas da Audiencia Nacional están absolutamente motivadas» por lo que confía en que la decisión final del Supremo vaya por la misma línea de anular la prórroga de Ence.«O que pedimos é que a situación remate canto antes e que todas as partes se poñan a traballar no realmente importante: manter os postos de traballo fóra da ría, elaborando un proxecto para o traslado da fábrica», apuntó.
Quien ve las cosas de forma radicalmente opuesta es el portavoz del PP en el Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez, quien sí aprecia razones para la esperanza en la actuación del Supremo. «Tengo que mostrar una satisfacción muy prudente. La aceptación del recurso es un paso importante, pero no definitivo, que abre la puerta de la esperanza para centenares de familias». Además, Domínguez señaló que «a partir de ahora nadie puede decir que la fábrica está en la ría de forma ilegal, porque hay un recurso admitido a trámite que abre la puerta de la legalidad».
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aprovechó su visita a Poio para avanzar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja para que en el primer semestre del 2022 se pueda poner «enriba da mesa» alternativas para la fábrica de Ence en Pontevedra. Los trabajos irán encaminados a que la pastera se quede dentro de la provincia y en el peor de los casos, en Galicia. Está previsto que a lo largo del mes de marzo se firme «o primeiro contacto» para la elaboración de un estudio que analice un posible traslado de la fábrica.
En cualquier caso, José Miñones señaló que la admisión del recurso de casación por parte del Alto Tribunal «é un proceso esperado,lóxico e coherente dentro da legalidade. Veremos como se resolve no Supremo, pero dende o Goberno hai unha sentencia firme neste momento e seguimos traballando na liña que hai que facelo».