El Supremo confirma la relación laboral de 38 becarios con la Diputación de Pontevedra

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Movilización del 2014 a las puertas de la Diputación de Pontevedra
Movilización del 2014 a las puertas de la Diputación de Pontevedra CAPOTILLO

CC.OO. sostiene que el fallo judicial obligará a que los afectados pasen a ser considerados como indefinidos

17 ene 2022 . Actualizado a las 19:06 h.

Al igual que hicieron en su día el Juzgado de lo Social número cuatro y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el Supremo ha ratificado la sentencia que estableció la existencia de una relación laboral entre 38 becarios y la Diputación de Pontevedra. Los jueces han incidido en lo que en el pasado era un «descontrol en materia de becas» o la inexistencia de un programa formativo para los beneficiarios de las becas.

Tras conocer este nuevo fallo, José Ramón Piñeiro Piñeiro, secretario de la sección sindical de CC.OO. en la esta Administración y secretario Comarcal de CC.OO. de Pontevedra, destacó que la desestimación del recurso de casación «viene a demostrar con contundencia y con toda la claridad que la Diputación utilizó, de forma fraudulenta, a los becarios para que hicieran labores propias de personal laboral con la intención de abaratar costos de personal y de realizar pagos de favores». Tras añadir que ya advirtieron de esta situación al equipo de gobierno, remarcaron que su denuncia fue corroborada por la Inspección de Trabajo, organismo que «fue más allá y cambió el epígrafe de los becarios en las cotizaciones a la Seguridad Social, pasándolos a personal laboral».

Asimismo, desde este sindicato señalaron que estos 38 becarios «consiguieron que con esta sentencia sean indefinidos, sin posibilidad por parte del equipo de gobierno de poder recurrirla». Aparte de darles la razón, José Ramón Piñeiro sostiene que esta sentencia viene a demostrar que se «está haciendo una política de personal nefasta e impropia de un gobierno socialista, no teniendo en cuenta la legalidad vigente e ignorando la negociación con los representantes del personal».