Varapalo, berrinche y rectificaciones

PONTEVEDRA

Un coche de la Policía Nacional, este sábado, controlando las terrazas de la plaza de Méndez Núñez de Pontevedra
Un coche de la Policía Nacional, este sábado, controlando las terrazas de la plaza de Méndez Núñez de Pontevedra CAPOTILLO

La Xunta corrigió por dos veces las restricciones durante esta semana, después del sofocón por el revés sufrido con el TSXG ante la estupefacción de la hostelería

22 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta de Galicia sigue a la deriva en la gestión de la pandemia. Un desnorte especialmente patente en esta quinta ola. Las decisiones van en zigzag, en aparente contradicción salvo por un común denominador: la permanente penalización del sector de hostelería.

Aunque los datos demostrasen hasta la saciedad que el disparo de los contagios entre finales de junio y hasta hace una semana, se gestó en el ocio y la movilidad de la gente más joven. Nunca en las terrazas de los establecimientos de hostelería que se han acreditado como lugares seguros. Tanto como los colegios e institutos durante el pasado curso escolar.

El dislate ha sido tal que las reuniones y alternativas de ocio en espacios privados han aumentado en la misma proporción que se apretaban las clavijas con restricciones de aforo y horarios que asfixian a la hostelería.

Tirón de orejas

Sin embargo, el empeño cerril de la Xunta de Galicia en criminalizar al sector llegó hasta el extremo de imponer el certificado de vacunación covid. Barnizándolo de mal menor. «Siempre será mejor pedirle a un cliente que acredite que está vacunado que mandar cerrar el local», era el mantra que verbalizaron tanto el presidente Feijoo como el conselleiro García Comesaña.

Después de tres semanas de obligada aplicación, la Xunta quedó en fuera de juego cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le recriminó la falta de aval judicial y posteriormente le privó del mismo al entender que la medida demoniza a la hostelería.

El TSXG reprendió a la Consellería de Sanidade porque debería «acreditar con rotundidad que el mayor número de contagios de la llamada quinta ola tiene su origen, precisamente, en los establecimientos y restauración, en bares, cafeterías y restaurantes». Por lo que, conforme el auto aclaratorio, el TSXG concluye en que el certificado covid «ni es una medida idónea, ya que no impide el contagio, ni necesaria».

Deriva

En consecuencia, el Gobierno gallego acrecentó su deriva llegando a reacciones catalogables en la categoría de berrinche. Como la que decidió el pasado fin de semana y aplicó desde las 00.00 del martes 17, reduciendo drásticamente aforos, a un 30 % en interiores de establecimientos de concellos tipificados en nivel alto, como Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Marín, Poio, Sanxenxo, Baiona, entre otros. Y el rejón de castigo fue en exclusiva para O Grove al que se penalizó con una orden de cierre del interior de locales que, finalmente, no llegó a materializarse después de la protesta airada del alcalde José Cacabelos, que forzó a la Xunta a rectificar por manifiesto agravio comparativo.

Afortunadamente, el disparate ha durado poco ya que esta semana, y por dos veces, la Consellería de Sanidade ha rectificado, aliviando restricciones y niveles. La última corrección entró en vigor ayer sábado, con una publicación in extremis en el DOG. Entre otras novedades, rectificó el cierre del ocio nocturno permitiendo su apertura hasta las 3.00 de la madrugada, después de meses de forzosa clausura (¡!). Una reapertura «más psicológica que económica», como apreció Dani Lorenzo, presidente de la asociación local de hostelería, quien aprovechó para recordar a cuántos ya se han quedado por las cunetas.

Ruido

Al ruido de alcaldes y alcaldesas como el grovense Cacabelos o la cambadesa Fátima Abal, también se ha sumado la hostelería de Pontevedra. Tanto de la capital y comarca, a través de Hoempo, como del resto, mediante la Federación Provincial de Hostelería, que han reiterado las críticas a la dinámica de medidas que rutinariamente se han cebado en este sector porque «terminan siendo ineficaces, incoherentes, no detienen los contagios y nos conducen al desastre económico», según valoró César Ballesteros, presidente de la provincial.

En el seno del Gobierno gallego, el cargo de conciencia debe ser de tal magnitud después de tantos meses de criminalizar a la hostelería que ahora se propone una posible restricción de aforos «a la carta». Es decir, sin emplear como elemento diferenciador la tasa de incidencia de cada concello. Tal y como anticipó La Voz de Galicia el viernes, se determinaría el aforo de cada establecimiento en función del cumplimiento de una serie de normas de calidad sanitaria. Bares, cafeterías, restaurantes y demás quedarían adscritos a tres niveles diferentes. Pero ¡ojo! El nivel se determinaría por cuestiones tales como la limpieza sistemática de los baños, más cantidad de gel hidroalcohólico, poner a disposición de los clientes mascarillas gratuitas y dotar a los establecimientos de maquinaria para renovar el aire. Ese tipo de medidas serían las que permitirían mejorar de nivel y aumentar aforos a los locales. Evidentemente a costa de una mayor inversión de los propietarios, a los que en 18 meses ya se les han exigido pantallas, códigos QR, medidores de CO2 y algunas otras cosas más de las que unas cuántas han quedado en manifiesto desuso.

Me temo que persiste el nivel de improvisación. Qué estemos ante la enésima ocurrencia de un Gobierno autonómico que sigue dando palos de ciego, tomando a la hostelería como el muñeco de la piñata.

Por favor: qué se vuelquen con la vacunación como ocurrirá la semana próxima con los menores de 12 a 16 años. Ese es el auténtico cortafuegos.