Pontevedra lidera en Galicia la lucha contra el fraude en contratos parciales

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Adrián Baúlde

Se han regularizado 544 contratos incrementándose la jornada laboral

22 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El plan contra el fraude en la contratación a tiempo parcial, iniciativa que impulsa la Consellería de Emprego e Igualdade en coordinación con el Estado contra el uso irregular de este tipo de contratos, ha afectado a un total de 7.172 personas, de las que 2.796 trabajan en Pontevedra. Los datos recabados por la Xunta ponen de manifiesto que, a nivel global, la regularización ha permitido incrementar la jornada laboral de 1.276 trabajadores, de tal modo que en «798 casos foron incrementos iguais ou superiores ao 50 % da xornada inicialmente declarada, o que supón que este tipo de ampliacións foi do 62,5 % das realizadas».

Por otro lado, en un 64,4 %, los aumentos de la jornada se refirieron a contratos de mujeres, «o que supón unha mellora no mercado laboral feminino, xa que ao lograrse aumentar a xornada laboral tamén se incrementa o salario».

En este punto, desde la Consellería de Emprego destacan el hecho de que, por provincias, la mayor eficacia de esta campaña se sitúa en Pontevedra con 544 contratos regularizados, lo que implica un 19,5 %. Por su parte, Ourense con 85 ampliaciones de la jornada laboral, un 17,9 %, ocupa la segunda posición seguida por A Coruña y un 16,6 %, y Luego, con un 16,3 %.

De igual modo, en el último Consello Reitor celebrado por parte del organismo autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se hizo balance de este plan de choque, así como del que se centró en combatir el fraude en la contratación temporal, ambos enmarcados en el Plan director por un traballo digno. A este respecto, se remarcó que se logró «a transformación en indefinidos de 8.920 contratos temporais (4.883 homes e 4.037 mulleres)».

Desde la Administración autonómica reseñaron, asimismo, que la campaña afectó a 10.661 personas trabajadoras, de las que 8.920 vieron modificados sus contratos. Esto es, el 83,7% de los casos.

En cuanto a los datos por provincias, en este segundo supuesto, en A Coruña se transformaron en indefinidos 4.158 contratos, lo que implica el 85,9 % de los casos examinados, mientras que la de Pontevedra se sitúo como la segunda donde más fraude se detectó. Así, los datos oficiales reflejan que las 2.222 comunicaciones de planes de choque de temporalidad afectaron a 3.566 trabajadores, de los que 2.966, un 83,2 % sobre el total, vieron modificado su contrato a indefinido.

De este modo, ambos planes desarrollados por Xunta y Estado se refirieron a un total de 17.833 gallegos, de los que 3.510 trabajan en la provincia de Pontevedra.

Afectados por el covid-19

Uno de los aspectos más importantes de este plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el 2021 es que se centra en los colectivos más afectados por la crisis generada por la pandemia del covid-19, caso de las mujeres, la juventud, las personas con discapacidad, los trabajadores con menos cualificación, los inmigrantes o los trabajadores temporales. Además, y muy vinculado con este aspecto, una de las novedades previstas es la realización de un plan de actuación en el sector del hogar «e levarase a cabo unha campaña específica en materia de riscos psicosociais, ao tempo que se controlará a normativa laboral do teletraballo».

Desde la Consellería de Emprego dejaron claro que «a perspectiva de xénero inclúese en todas as actuacións inspectoras e potenciaranse as campañas para detectar posibles casos de fraude en ERE ou ERTE».

Industria manufacturera, hostelería y comercio suman la mitad de la «picaresca» detectada por la Administración

 

El análisis de los datos facilitados por la Consellería de Emprego permite determinar que tres son los sectores que prácticamente concitan la mitad de las regularizaciones llevadas a cabo. Así, el listado lo encabeza la industria manufacturera, con 2.336 actuaciones, lo que supone el 22,91 % del total gallego, mientras que hostelería -1.679 regularizaciones, un 16,47 %- y comercio -1.349 intervenciones, el 13,23 % del global- se situaron inmediatamente por detrás, mientras que las actividades administrativas y servicios auxiliares coparon el 12,09 % de las regularizaciones al haberse alcanzado la cifra de 1.233.

 En quinto y sexto lugar, pero ya muy distanciados, se situaron el transporte y almacenamiento, por un lado, y las actividades sanitarias y de servicios sociales, por otro, al concitar, respectivamente, 609 (5,97 %) y 603 (5,91%) regularizaciones.

En el lado contrario, esto es, los sectores donde menos irregularidades se han detectado, se sitúan la administración pública y defensa, y Seguridad Social obligatoria donde solo se tuvo que acometer una regularización transformando un contrato temporal en uno indefinido. El mismo fraude se detectó con dos contratos del sector que engloba las actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, así como en cuatro contratos vinculados con el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

En cuanto a las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, la estadística muestra que sumaron el 0,09 % de las regularizaciones llevadas a cabo. En números absolutos, implica que fueron nueve los contratos transformados -en su caso concreto, todos de temporal a indefinido- de las 10.196 actuaciones acometidas en Galicia.

Plan estratégico

En cuanto al plan estratégico de la Inspección de Traballo e Seguridade Social para este año, están previstas 41.000 actuaciones. Se están llevando a cabo 9.065 en materia de prevención de riesgos laborales, 9.058 centradas en el empleo y las relaciones laborales, 10.940 vinculadas con la Seguridad Social o 10.935 relacionadas con la economía irregular.