Cerca de cincuenta condenados de una red internacional que estafó al Concello de Sanxenxo

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Imagen aérea del ayuntamiento de Sanxenxo
Imagen aérea del ayuntamiento de Sanxenxo RAMON LEIRO

El entramado timó más de 55.500 euros al gobierno local, al parecer, simulando ser un proveedor con cobros pendientes

14 ago 2021 . Actualizado a las 13:24 h.

A lo largo del último año, la Audiencia Nacional ha celebrado varios juicios contra una extensa red conformada por más de cuarenta estafadores, en su mayoría de nacionalidad rumana, que actuaron contra particulares, instituciones, hospitales y Administraciones, entre las que se encuentra el Concello de Sanxenxo. De este modo, las distintas sentencias, la última de las cuales es de mediados del pasado julio, establecen penas por los delitos de pertenencia a una organización criminal, falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y estafa.

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran acreditado que, en un primer momento, la red elaboraba todo tipo de documentos de identidad, así como certificados de empadronamiento o contratos de trabajo, con los que se abrían «cientos de cuentas corrientes en distintas entidades bancarias y en distintos países». Estas cuentas servían para recibir las transferencias de las víctimas, cantidades que, acto seguido, eran retiradas en cajeros automáticos o se realizaban nuevas «transferencias a otras cuentas controladas por la organización en otros países, fundamentalmente Rumanía, Alemania, Hungría, Italia y Polonia, para introducirlas así en el sistema económico legal».

En el caso del Concello de Sanxenxo, se considera que el montante estafado asciende a 55.544 euros, cantidad que los tribunales consignan que debe ser indemnizada por el entramado delictivo.

En el caso de las Administraciones públicas, los ahora condenados identificaban a los potenciales objetivos a través de los boletines oficiales. De este modo, llevaban a cabo «un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tienen con proveedores y empresas que les prestan servicios».

Tras averiguar «su forma de relacionarse y consiguen material como facturas y pedidos, se hacen pasar por una de las empresas que tienen pendiente algún cobro». De este modo, «simulando ser el proveedor, llaman a la entidad o le dirigen un correo electrónico, comunicándole que van a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados deberán ser abonados en la nueva cuenta». Además, para ganarse su confianza y no despertar sospechas, les comunican que, como sistema de verificación y control, recibirán vía mail los documentos acreditativos de este cambio, tanto de la empresa como bancarios, «que previamente han sido falsificados».

Con esta forma de proceder contactaron con 79 organismos públicos, de los que veinticuatro «no realizaron las transferencias solicitadas». Los restantes 55 realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización por importe de 5.690.772 euros, si bien en algunos casos se percataron a tiempo y lograron bloquear los movimientos. Finalmente, «veinticuatro organismos públicos perdieron la totalidad de los importes transferidos, sufriendo un perjuicio total de 1.697.436,60 euros».

Más de 700 víctimas

La sentencia revela, asimismo, que el número de particulares que han sido víctimas de esta red solo en España asciende a 705 afectados, de tal modo que «el montante total de la cantidad defraudada a particulares asciende a 1.183.642,78 euros». 426 damnificados fueron identificados, de los cuales 365 manifestaron que habían interpuesto denuncia.

En el caso de los particulares, la red había diversificado su método de estafa, de tal modo que en su organización disponía de expertos en phishing bancario. Pero, de igual modo, en timos en la venta de bienes y prestación de servicios por Internet, sobre todo, «engaños en arrendamientos temporales o turísticos por Internet», por lo que «recibían de las víctimas el precio de estos servicios o arrendamientos que no prestaban» en cuentas abiertas con la documentación falsa.