El Supremo anula las sanciones de la Agencia Tributaria a las orquestas derivadas del caso Lito

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

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El alto tribunal concluye que «la entrada y registro domiciliario llevada a cabo en las oficinas de las empresas mercantiles relacionadas con [Representaciones Lito] no fue lícita en su ejecución por la AEAT, ni se respetaron en lo más mínimo las garantías constitucionales exigibles»

23 jul 2021 . Actualizado a las 11:46 h.

Tal y como estaba anunciado, y como consecuencia de la catarata de recursos contra las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria a orquestas gallegas como consecuencia del caso Lito, el Tribunal Supremo acaba de establecer jurisprudencia y lo ha hecho en contra de la Administración pública. «Una sucesión de nuevas victorias de CCS Abogados ante el Tribunal Supremo español -anteriormente habían obtenido otras ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- supone la anulación definitiva de las liquidaciones y sanciones fiscales impuestas a todas las piezas del sector del espectáculo en Galicia: la “oficina”, los representantes y las orquestas vinculados a Lito Martínez», destacaron desde este despacho de abogados.

El Supremo, a través de tres recientes sentencias, concluye que «la entrada y registro domiciliario llevada a cabo en las oficinas de las empresas mercantiles relacionadas con [Representaciones Lito] no fue lícita en su ejecución por la AEAT, ni se respetaron en lo más mínimo las garantías constitucionales exigibles, ya que estuvo plagada de múltiples y graves irregularidades que invalidaron aquel registro en toda su extensión». Insiste, en este sentido, que «las anomalías, ausencias y errores cometidos por los funcionarios de la AEAT en la entrada y registro indicado a las empresas (...) revistieron tan especial gravedad que dicho registro fue declarado nulo por sentencia (firme) de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Y existiendo esa ilicitud -formal y materialmente-, no pueden reputarse válidas las pruebas obtenidas en el registro a efectos penales (por obvias razones de jurisdicción directa) ni a otros efectos, pues se trata de la misma e indisociable vulneración, basada en las mismas infracciones, excesos y omisiones, lo que afecta a todo lo encontrado durante el registro».

Las críticas al proceder de la Administración no se detienen ahí, ya que los magistrados madrileños consideran que su actuación «ha bordeado, cuando menos, la vía de hecho, si es que no incurre en ella, dado el alejamiento, no solo de los términos del auto legitimador, sino de cualquier atisbo de objetividad y respeto a los derechos del registrado y de terceros». Entre otras deficiencias, se alude a que «no se levantó acta de constancia por funcionario alguno (en contra de lo estatuido en los arts. 175 y 176 RGAT). Esto es, estamos ante una actuación meramente material de cuyo resultado no hay constancia directa, salvo en sus efectos posteriores, lo que solo puede aceptarse y rebatirse creyendo a la Administración si asegura que la diligencia fue correcta, pues no existe posibilidad alguna de reacciona frente al modo de captación de la información de terceros», pero es que tampoco se dio cuenta al juez «del hallazgo de pruebas ajenas a las que en la solicitud justificaron la entrada, fuera casual o no, esto es, de la documentación requisada relativa a terceros. En este punto, se alude a que «una vez finalizada la entrada y reconocimiento, se comunicará al órgano jurisdiccional que las autorizaron las circunstancias, incidencias y resultados».