Acusan a un guardia civil de Pontevedra de quedarse con dinero de denunciantes

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

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El juicio del club cannábico se celebró en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra CAPOTILLO

El fiscal solicita 9 años y tres meses de prisión, inhabilitación y seis mil euros de multa para quien era comandante del puesto de O Covelo

08 may 2021 . Actualizado a las 16:16 h.

Dos delitos de apropiación indebida, otros tantos de omisión del deber de perseguir delitos y un quinto de falsedad en documento público son los cargos que imputa el fiscal para un guardia civil de la provincia de Pontevedra que el próximo jueves se sentará en el banquillo de la Audiencia. En total, se piden penas que suman nueve años y tres meses de prisión, inhabilitación especial y el pago de una multa de seis mil euros.

La acusación sostiene que, entre otros hechos, supuestamente se quedó con dinero de personas que acudieron al puesto de O Covelo, del que era comandante. De este modo, se refiere el caso de un denunciante que, en el otoño del 2015, fue atendido por el ahora encausado, quien «no formalizó minuta policial ni atestado alguno, ni tampoco presentó minuta o atestado ante los Juzgados de Ponteareas tal y como era su obligación». En su lugar, «prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad», convenció a la persona contra la que se dirigía la denuncia para que, supuestamente, le entregase novecientos euros «con la excusa de que arreglaría las cosas».

Sin embargo, el denunciante no cejó en su empeño y en abril del 2016 se cursó su denuncia. «Con la finalidad de evitar ser descubierto y eludir sus responsabilidades, el acusado elaboró dos oficios policiales y una diligencia policial» para, de este modo, «enmascarar sus propias acciones, justificándose», reseña el fiscal.

El escrito de acusación, de igual modo, refiere un segundo episodio en el que el sargento primero convenció a otro vecino, según la acusación, de que no denunciase, de que dejase las cosas en su mano y que él lo arreglaría todo. De este modo, presuntamente sin dejar constancia oficial, se citó con el denunciado para comunicarle que debía pagar el precio de la madera talada, por lo que accedió a entregarle mil euros, maniobra que, según sostiene el fiscal, repetiría en una segunda ocasión. Solo habría entregado al denunciante los primeros mil euros.

Pese a ello este último interpuso la denuncia logrando «la devolución de los otros mil euros cuando el acusado fue citado para prestar declaración en calidad de investigado ante la autoridad judicial.