El Concello de Pontevedra vuelve a instar a la Xunta el derribo de una nave ilegal en Marcón

S.B. PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

La nave, dedicada al desguace de vehículos, se encuentra en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcón
La nave, dedicada al desguace de vehículos, se encuentra en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcón CONCELLO DE PONTEVEDRA

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó la demolición en el año 2012

04 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La junta de gobierno local de Pontevedra volvió a llamar la atención este lunes sobre la irregularidad que supone que siga la actividad en una nave ilegal en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcón. La instalación, que se destina a desguace de coches, es ilegal, según subrayó la portavoz del gobierno local, Anabel Gulías (BNG): carece de licencia municipal, está edificada en terreno rústico no urbanizable, por lo que no cabe posibilidad alguna de legalizarla, y sobre ella pesan varias sentencias que ordenan su demolición.

La primera es del año 2006, y tras varios recursos adquirió firmeza en el 2012, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló que la instalación «es incompatible con el ordenamiento urbanístico», por lo que confirmó la orden de demolición. Está corresponde ejecutarla a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), un ente dependiente de la Xunta, pero la decisión sigue a la espera, lo cual genera, aseguró Anabel Gulías «un crecente malestar veciñal» debido a las molestias que ocasiona la actividad industrial.

La nave, dedicada al desguace de vehículos, se encuentra en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcó
La nave, dedicada al desguace de vehículos, se encuentra en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcó CONCELLO DE PONTEVEDRA

Recurso de un particular

La última acción judicial se dictó a finales del año pasado, a raíz del recurso presentado por un particular a causa de la «inactividade da Administración» para resolver la situación ordenando el derribo. El recurso se resolvió a favor del vecino y el juzgado estableció un plazo de tres meses para que se tomen medidas.