La pretendida planta de compost de Pontevedra vuelve a enfrentar al gobierno con la oposición
PONTEVEDRA
El PP acusa al Concello de pagos ilegales y los informes técnicos lo desmienten
09 dic 2021 . Actualizado a las 19:15 h.La pretendida planta de compost que proyecta el Concello de Pontevedra en una parcela alquilada a la comunidad de montes de A Canicouva volvió ayer a la escena política local. El PP endureció su discurso contra el gobierno local al asegurar que este año se autorizó el pago de los 20.000 euros de alquiler anual a pesar de que el contrato se habría extinguido en el 2019. El portavoz popular, Rafa Domínguez, afirmó que se trata de un proceder «ilegal». Sin embargo, el gobierno local mostró informes de los técnicos municipales que avalan que el pago se hizo dentro de la legalidad.
¿Cuál es el origen de la polémica?
En diciembre del 2015, el Concello de Pontevedra suscribió con la comunidad de montes de A Canicouva un contrato de alquiler de una parcela de diez hectáreas para instalar en ella una planta de compostaje. El contrato estipula un precio anual de 2.000 euros por hectárea, con lo que la factura es de 20.000 euros anuales. Esa cantidad se ha venido pagando año tras año. El último pago se ordenó el pasado mes de febrero y corresponde a la anualidad del 2020. El PP sostiene que dicho pago es ilegal porque, en su opinión, el contrato se extinguió en diciembre del 2019.
¿Está en vigor el contrato?
El pliego de condiciones establece una vigencia de 30 años prorrogables hasta un máximo de 45, e incluye una cláusula que detalla que «se o centro municipal de tratamento de residuos e elaboración de compostaxe non se chegase a construír en un prazo de 4 anos desde a sinatura do contrato ou deixase de funcionar por un período superior a un ano logo da súa posta en funcionamento, quedará automaticamente extinguido este contrato». En diciembre del 2019, cuando se cumplió ese plazo de cuatro años, no se había construido la planta de compostaje (ni tampoco ahora), y eso es lo que lleva al PP a sostener que el contrato está extinguido. Sin embargo, desde el gobierno local se afirma que eso no es así. «O contrato ten unha duración de trinta anos -afirmó la concejala de Patrimonio, Carme da Silva (BNG)- e ten cláusulas nas que se expón como se resolverá ese contrato: ten que haber solicitude expresa por parte de algunha das partes de que se resolva ese contrato, cousa que evidentemente non se da». Obviamente, en ambos casos se trata de interpretaciones del contrato, por lo que hay que ir a los informes de los servicios municipales.
¿Existe algún reparo de los técnicos al pago realizado este año?
No. Hay informes que respaldan el abono de la factura, por lo tanto, no parece que los técnicos compartan la tesis del PP de que el contrato está extinguido. A preguntas de los periodistas, Rafa Domínguez afirmó que el único documento al respecto es un decreto de la alcaldía autorizando el pago. Se le preguntó si el servicio de Intervención Municipal emitió algún informe tratándose de un pago supuestamente ilegal, y respondió que a Intervención «no le consta» que se haya prorrogado el contrato con los comuneros de A Canicouva. Sin embargo, el gobierno local sí mostró documentos técnicos que dan el visto bueno al pago de los 20.000 euros correspondientes a la anualidad del 2020, que es el que se autorizó en febrero. Concretamente, un informe de Intervención fechado el 5 de marzo da su conformidad con el pago de esa factura, de lo que se desprende que no se halló nada irregular en el proceso. «Fiscalizado o expediente -concluye el documento- (...) infórmase o expediente de conformidade polo que procede continuar a tramitación do mesmo». Y aun hay otro informe de técnicos municipales que respalda que «o servizo, obra ou subministro prestouse satisfactoriamente segundo a condicións contratadas. Correspóndese coa factura polo alugueiro dos terreos durante o ano 2020».
¿Se puede afirmar, por lo tanto, que existió un proceder ilegal?
Los informes técnicos suponen el aval de que el pago se hizo dentro de la legalidad. Si no existiese contrato o este se hubiese extinguido, el servicio de Intervención, que fiscaliza cualquier pago municipal, lo habría advertido.
¿Existe un proceder reprochable en torno al alquiler de los terrenos de A Canicouva?
Eso ya entra dentro del campo de las valoraciones. Es evidente que pagar durante cinco años por un terreno que no se utiliza puede ser más que cuestionable. Para el PP, es «un despilfarro de dinero de todos los pontevedreses». El gobierno local defiende que ese alquiler a 2.000 euros por hectárea es una ganga, y está a la espera de que el nuevo contrato del servicio de basura reactive el proyecto, ya que la empresa tendrá que asumir la construcción de la planta de compost.