Teresa Ribera apela a Ence y Xunta a «abrir un diálogo local para dar continuidad a los puestos de trabajo»

La empresa se reafirma en que el traslado es inviable, aunque escuchará «alternativas de ubicación» y defiende que la prórroga hasta el 2073 es legal


Pontevedra / La Voz

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presidió esta tarde la mesa sobre el futuro de Ence en la sede ministerial en Madrid. A la cita acudieron el consejero delegado y presidente de Ence, Ignacio de Colmenares; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el conselleiro de Industria, Francisco Conde; y representantes de los sindicatos, del comité de empresa de fábrica y del de oficinas, del sector de los transportistas, trabajadores forestales y empresas auxiliares de Ence. Esta es la primera vez que se sientan todas las partes implicadas en el conflicto de Ence y la mesa se ha constituido a petición de los comités de empresa de los trabajadores.

En la actualidad, la situación de Ence se aborda en dos frentes. Por un lado, la resolución de los recursos interpuestos ante la Audiencia Nacional por Greenpeace, APDR y Concello de Pontevedra con la prórroga de la concesión a 75 años para Ence. La sentencia se espera para este año. Por el otro, está las implicaciones de la Ley de Cambio Climático, recién aprobada, y la interpretación jurídica sobre el artículos 18.4 sobre si tendrá o no carácter retroactivo. Empresa, Xunta y trabajadores temen que sí lo tenga, lo que anticiparía el cierre de la fábrica; y Ribera sostiene que no le afectará, sino que todo se decidirá en la Audiencia Nacional.

Precisamente esta fue una de las conclusiones que explicó la ministra. La Audiencia Nacional será el organismo encargado de definir por cuánto tiempo estará en vigor la prórroga de la concesión de Ence. A la espera de la sentencia, la ministra precisó que es «bueno» conocer «cuáles son las preocupaciones y las propuestas de los distintos actores para ver de qué manera se puede acompañar ese proceso y explorar soluciones para el mantenimiento del empleo en la zona».

Mientras tanto, Teresa Ribera animó a la compañía y a la Xunta a «abrir un diálogo local para dar continuidad a los puestos de trabajo. Afirmó: «Es cierto que este ministerio no tiene las competencias, es la Xunta quien es responsable de las competencias ambientales, forestales, laborales o industriales al respecto, pero también es verdad que no es un asunto del que nos queramos desentender cuando se ha planteado una petición de estas características» por parte de los trabajadores. Ribera añadió: «Tenemos un marco temporal para poder organizar bien las cosas. Pensemos que la concesión de Ence estará vigente como mínimo hasta el 20233, en el supuesto de que la Audiencia Nacional considere ilegal la prórroga concedida por el anterior gobierno, o si no es así, hasta el año 2073, que fue lo que concedió el anterior Gobierno aplicando una ley que fue declarada inconstitucional posteriormente». 

Por lo tanto, la ministra de Transición Ecológica insistió: «Tenemos 10 años para preparar bien esa transformación. Evidentemente cuanto antes se reduzcan las incertidumbres, cuanto antes se encuentren soluciones que den garantía, confort a los trabajadores y a los proveedores, más fácil será para todos». Es por esta razón por la que, según Ribera, «es imprescindible el que cada uno de los actores identifique, no solamente cuáles son aquellas cuestiones que le preocupan particularmente y por qué, sino también cuáles son las propuestas que le parece que pueden ayudar a resolver, a encauzar, a dar una respuesta a esta situación con la plena garantía de los trabajadores en la zona».

Ence defiende la legalidad de la prórroga hasta el 2073, pero por responsabilidad social escuchará alternativas de ubicación

Ence explicó, en un comunicado al término de la reunión, que la compañía seguirá defendiendo la legalidad de la concesión hasta el 2073 y su permanencia en Pontevedra. Apelando a los informes de ingenierías independientes como Poyry e Idom, Ence recalcó que «el traslado de esta instalación no es posible por motivos técnicos ni económicos».

No obstante, desde Ence se subrayó: «Por responsabilidad social y como parte del compromiso de Ence con las personas cuyo modo de vida depende de la actividad de esta planta, la compañía estudiará cualquier posibilidad de futuro que se plantee en el contexto de esta mesa y está dispuesta a escuchar activamente alternativas de ubicación». La pastera precisó que su compromiso con Pontevedra y las personas vinculadas con su actividad en Lourizán se plasmó en los 132 millones de euros desde el año 2016 invertidos en la factoría.

Tras la reunión, desde la empresa se destacó su voluntad de mantener «una actitud abierta, constructiva y de escucha con los trabajadores y con todas las Administraciones implicadas. La prioridad es buscar una solución de futuro a la planta de Ence en Pontevedra, en defensa de los cerca de 5.000 empleos vinculados a la actividad de esta instalación».

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