Jacobo Hortas, director de la APLU: «En Pontevedra somos especialmente cuidadosos con la servidumbre de Costas y la Red Natura»

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia detecta un incremento de las caravanas en suelo rústico


Pontevedra / La Voz

Jacobo Hortas es el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU), el organismo autonómico que vela por el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de particulares y Administraciones. La APLU acaba de hacer público su balance de actuaciones y Hortas se muestra satisfecho con la actividad desarrollada por sus equipos en medio de un contexto de pandemia. 

-¿Cómo ha afectado la pandemia la actividad de la APLU en la provincia de Pontevedra?

-En Pontevedra en el 2020 hemos tenido unos números muy buenos, si se me permite la expresión, porque en el germen de lo que es la actividad de la APLU que es el trabajo en los servicios provinciales, los datos en general para Pontevedra han sido muy buenos. Veníamos de 406 actuaciones informativas en el año 2019, que son aquellas que nosotros levantamos prioritariamente de oficio, pero que también proceden de los Ayuntamientos, de particulares, del Seprona o incluso la Policía. Pasamos de 406 a 386 y es un descenso muy pequeño y yo creo que motivado porque durante esos tres meses que estuvieron en suspenso los plazos administrativos hubo una doble variable. Primero que estuvieron en suspenso los plazos y segundo que estuvimos confinados por lo cual la presencialidad que exige toda detección de una presunta ilegalidad urbanística se perdió.

Nosotros trabajamos con unas herramientas muy desarrolladas, que están coordinadas con el Instituto de Estudos do Territorio, con vuelos, y con otros instrumentos y eso nos da un indicio de que puede haber una ilegalidad. Sin embargo, tenemos que bajar al detalle, a la arena, a cada construcción y verla. Durante el tiempo del confinamiento no pudimos hacer ese trabajo. Entonces, partiendo de los datos de los años anteriores, el dato de Pontevedra es satisfactorio. Hemos pasado de 516 inspecciones realizadas a 426 y de informes emitidos de 523 a 397. Si no hubiese habido ese parón de tres meses, quizás estaríamos hablando de unos datos como los anteriores. Lo que sí se ha notado es que las inspecciones que se hacen en la provincia se han trasladado a aquí bastantes expedientes, pero no todos se han incoado, porque la maquinaria administrativa estuvo suspendida tres meses y eso es lo que explica que se bajase un 30 o 35 % menos de expedientes incoados.

-¿Se ha notado alguna modificación en el comportamiento de los infractores? Me refiero a que está habiendo mucha más gente de lo habitual en el rural.

-Me encantaría dar una respuesta sobre si los efectos de la pandemia han tenido consecuencias en las presuntas infracciones que se han hecho en el territorio aprovechando el tirón que tiene el rural, pero es aún demasiado prematuro para saberlo. Creo que podremos empezar a extraer unas conclusiones quizás a final del año o a principios del que viene. Es muy prematuro porque las actuaciones informativas que nosotros hacemos se prolongan en el tiempo, somos muy cuidadosos a la hora de cerrarlas porque tienen que intervenir los Ayuntamientos a los que pedimos informes sobre si esas construcciones tienen licencia municipal, pedir informes sectoriales y dar audiencia a los interesados.

-¿Cuáles son las infracciones más comunes en la provincia?

-La tónica general de las construcciones realizadas en el 2020 siguen el patrón de las que se hicieron en años anteriores. Predominantemente son construcciones en suelo rústico de uso residencial, de uso permanente u ocasional de fin de semana, a través de edificaciones de galpones que disimulan construcciones residenciales, caravanas y mobile homes. Por estas últimas me refiero a construcciones fácilmente desmontables como caravanas o cualquier otro bien mueble que por su propia naturaleza denote un uso residencial. El modus operandi no hemos notado que haya variado con respecto a otras anualidades. También hemos constatado, como siempre sucede, ciertos usos en el suelo rústico que no son los correctos, como industriales y otros que están prohibidos por el artículo 35 de la Lei do Solo de Galicia.

-¿Cuáles son las infracciones más raras a las que se suelen enfrentar?

-Lo que vemos es que hay mucho deseo de implantar las mobile homes y todo este tipo de instalaciones que a veces se camuflan como construcciones aparentemente agrícolas y que aunque son fácilmente desmontables tienen un uso residencial. Vemos cosas a veces curiosas. El uso residencial está prohibido en suelo rústico, salvo en dos excepciones que son que sean construcciones tradicionales anteriores a 1975, o que estén vinculadas a un uso preexistente como agrícola. Muchas veces la gente entiende que por ser una instalación fácilmente desmontable la pueden poner y hay que darle un aviso a la ciudadanía de que no es así.

-¿Cómo va a ser la planificación del trabajo de la APLU en el segundo año de pandemia?

-Nosotros tenemos un plan de inspección que está publicado el 27 de junio del 2020 en el DOG, bianual, que es para el 2020 y el 2021 y donde tenemos tres ejes de actuación. Por un lado está toda la zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre que, en la provincia de Pontevedra, es una zona importantísima y muy amplia. Es una zona que hay que poner en valor, una zona de servidumbre que abarca los primeros cien metros de costa privada, por así decirlo. La segunda prioridad son siempre los espacios naturales y protegidos como el Parque Nacional y la Red Natura, que componen una gran extensión de hectáreas en la provincia. En tercer lugar, están todas las zonas por donde discurren los Caminos de Santiago normativamente delimitados. A esto se añade la realización de inspecciones rutinarias que se hacen con dos premisas, que son la objetividad y la imparcialidad con la que se mueve la Axencia. Cada tres meses inspeccionados tres o cuatro municipios, se lo comunicamos previamente a los Ayuntamientos y los examinamos primero desde un punto de vista cartográfico y después sobre el terreno para conocer el detalle de esas infracciones.

-¿Cuáles son los concellos que se podría decir que son los que aglutinan más infracciones y cuáles los más respetuosos en la provincia?

-Es difícil entrar en esa cuestión porque se puede imaginar que la provincia de Pontevedra tiene una zona muy atractiva desde el punto de vista inmobiliario que es su costa. Ahí sí que somos especialmente cuidadosos porque sí que lo notamos. Concentramos muchos expedientes en toda la costa, no especialmente en un municipio más que el resto, pero es una tónica que tratamos de ver. 

-¿El interior es más respetuoso?

-Bueno, hay un poco de todo pero lo que pasa es que hay unas zonas más atractivas que otras para hacer construcciones ilegales y desde luego la zona de servidumbre, los primeros cien metros de la línea de Costas, es prioritaria. En el interior a veces hay otros factores que influyen, no todas son construcciones residenciales, las hay agrícolas, agropecuarias y turísticas que se permiten. En el rural se hacen construcciones, pero también hay muchas que están permitidas por la normativa que tenemos.

-Ante la pandemia, la gente ¿se anima más a derribar o prefieren pagar las multas o litigar a ver si cambia la legislación y evitan la demolición?

-Este es uno de los grandes efectos que hemos notado en estas estadísticas en los últimos años, aunque con respecto al 2020, no podemos sacar unas conclusiones acreditativas sobre lo que me pregunta. Por dos motivos. Primero por la suspensión de los procesos administrativas que ha supuesto que durante tres meses no se han podido llevar a cabo demoliciones, con lo que el número de derribos en Pontevedra y en Galicia se han reducido. Los plazos no han estado vigentes. Las multas coercitivas también se han seguido poniendo pero ha habido un descenso por la misma razón. Sin embargo, ¿qué notamos? Pues que ha habido un descenso en aras de no enfrentarse a un expediente sancionador, a que los procesos judiciales cada vez es más notorio que la APLU logra un respaldo del 90 % de las resoluciones administrativas que obtienen el respaldo judicial posterior. Eso hace que a los interesados les hace que pensar porque para un particular es meterse en una batalla que tiene gastos para ellos y si se entra en una fase de ejecución forzosa se les impone una serie de multas y sí notamos que la gente prefiere evitar, aunque el año 2020 no sea quizás el mejor año por las circunstancias que hemos vivido. 

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