El PP dará la última batalla para evitar que el Congreso apruebe la ley que puede cerrar Ence

Los populares alertan contra la discrecionalidad que el Gobierno se quiere reservar para decidir sobre las concesiones de Costas


pontevedra / la voz

«Por desgracia, se nos agota el tiempo. Quedan escasas semanas para que, de mantenerse la Ley de Cambio Climático tal como está, tenga consecuencias irreversibles para al menos cinco mil instalaciones en el dominio de espacio de dominio público terrestre en Galicia». Así de contundente se mostró el diputado del PP Diego Gago, ante la ponencia de la Ley, impulsada por el Gobierno, que modifica la forma de contabilizar las concesiones de Costas. Para el PP, si no se cambia el borrador del artículo 18 supondría el cierre de Ence y de otras muchas empresas en la línea costera en Galicia. La ponencia del artículo está prevista para dentro de una semana y las fuerzas políticas que se oponen al borrador estatal tal y como está son minoría.

El líder popular recalcó que, si la ley llega así al pleno del Congreso, no habrá nada qué hacer, porque los partidos votarán a la totalidad del texto, sin margen de enmiendas. La última oportunidad antes del pleno será su debate en comisión, si el Ejecutivo no cambia la ponencia. Han pedido modificaciones en el artículo 18 o su retirada, además del PP, el BNG, Ciudadanos, PNV y Vox. El Bloque no podrá votar en comisión al estar en el grupo Plural, cuyo representante en esa sesión será Teruel Existe.

El artículo cambia la forma de contabilizar la vigencia de las concesiones de Costas y sus prórrogas. De aplicarse tal y cómo está supondría limitar al 2033 la prórroga que tiene actualmente Ence. Afectaría también a otras empresas, vinculadas a sectores pesqueros y de acuicultura. «Nos preocupa la discrecionalidad que va a tener el Gobierno a través de un comité de expertos, para decidir bajo ese paraguas del artículo 18 si una empresa cumple o no para seguir», afirmó Gago, lo que deja a las empresas sumidas en la inseguridad jurídica. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, incidió en el mismo controvertido aspecto de la propuesta legal.

La diputada provincial Pepa Pardo, afirmó que el artículo 18 «pone en riesgo de manera directa a una empresa que constituye un pilar fundamental en la economía del eje Marín-Pontevedra-Poio, como es Ence». Añadió que tendría repercusión en más de cinco mil familias del sector forestal gallego, el puerto de Marín sufriría un importante retroceso y Pontevedra «se quedaría sin su última gran empresa». Sería «ahondar mucho más en la grave situación social y económica en que nos encontramos».

El portavoz del PP de Poio, Ángel Moldes, recalcó que el cierre de Ence provocaría el incremento del paro en la comarca y la marcha de muchas familias fuera. «Non queremos repetir con Ence o que vivimos con Elnosa, que veciños do noso concello se marcharon a Torrelavega», criticó.

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