Deficiencias en la documentación capitalizan las multas en el transporte escolar

El pasado año se controlaron 163 vehículos interponiéndose 101 multas


Pontevedra / La Voz

El pasado 4 de diciembre se cerró la última campaña del año en Pontevedra centrada en la vigilancia y control del transporte escolar. De este modo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como de la Policía Local de distintos ayuntamientos, caso de los de Pontevedra, Poio o Marín, verificaron el cumplimiento de una normativa que comprende, entre otras obligaciones, que los menores vayan acompañados por una persona debidamente cualificada o que el chófer cumpla escrupulosamente los tiempos de descanso establecidos.

Lo cierto es que las inspecciones llevadas a cabo a lo largo del año 2019, último ejercicio del que el Ministerio del Interior ha facilitado, por el momento, datos oficiales, ponen de manifiesto que las irregularidades detectadas en estos controles son de carácter administrativo. Esto es, se trata mayoritariamente de deficiencias a nivel documental, mientras que las condiciones técnicas de los vehículos, así como sus elementos de seguridad son óptimos y concordantes con lo que exige la normativa.

De este modo, a lo largo del 2019, se controlaron un total de 163 vehículos de transporte escolar en la provincia de Pontevedra interponiéndose poco más de un centenar de denuncias. Así, 75 de las 101 infracciones se relacionaron con la autorización pertinente para verificar este tipo de servicios, mientras que una veintena fueron por cuestiones vinculadas con las pólizas de seguro obligatorias. De este modo, únicamente solo las seis denuncias restantes recogieron algún tipo de deficiencia en los vehículos.

Pontevedra, en todo caso, no fue la provincia gallega donde más propuestas de sanción cursaron los agentes de Tráfico. De este modo, en A Coruña se incoaron 128 expedientes entre los 183 autobuses inspeccionados -107 denuncias fueron por cuestiones de autorización administrativa y 21 por los seguros-. Por su parte, las de Ourense y Lugo ofrecen cifras menores con diecinueve y ocho multas, respectivamente.

En todo caso, la tendencia que se observa en Pontevedra y A Coruña es común a las otras dos provincias gallegas. Así lo pone de manifiesto el hecho de que, según reseñaron desde la Delegación del Gobierno, en la campaña de principios de año se verificó que «las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias generaron. Por ejemplo, no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar supuso la interposición de 102 denuncias, prácticamente una de cada tres».

A este respecto, añadieron que las campañas específicas de control tienen una especial trascendencia en toda la comunidad autónoma debido a la gran extensión de algunas de las rutas de transporte escolar existentes. A fin de cuentas en la provincia hay matriculados en el presente curso escolar aproximadamente 36.734 alumnos de ESO.

Accidente más común

Es por ello que, según remarcan las autoridades, los controles en el transporte de los estudiantes no buscan solo denunciar potenciales infracciones, sino también «concienciar a padres, responsables educativos y conductores de autobuses de la necesidad de cumplir las normas establecidas». Las estadísticas de la DGT, a este respecto, son muy claras al reseñar que nueve de cada diez accidentes en este tipo de vehículos se producen en el momento de subir o bajar del autobús, pero también en los instantes inmediatos a este momento: «En muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción del menor, del conductor del transporte escolar o de los acompañantes», añaden.

Es por ello que entre las condiciones de seguridad que deben cumplir todos los vehículos que realizan este servicio se estipula su antigüedad máxima, la tenencia de un seguro de responsabilidad civil ilimitado en vigor o la obligatoriedad de llevar la señal de transporte escolar.

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Deficiencias en la documentación capitalizan las multas en el transporte escolar