Recurren el cierre de Reina Victoria para «evitar la firmeza» de la medida
PONTEVEDRA
Las entidades empresariales de la ciudad respaldan la iniciativa judicial
12 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Cuatro asociaciones empresariales de la ciudad de Pontevedra -la Cámara de Comercio, AJE, Aempe y la asociación de hosteleros empresarios, Hoempo- respaldan un recurso presentado «a título particular» por el abogado Evaristo Estévez contra el bando del alcalde por el que se decretó el cierre al tráfico de un tramo de la avenida Reina Victoria. El propio letrado, que compareció este viernes acompañado de representantes de las entidades empresariales, señaló que la finalidad del recurso es «evitar la firmeza» de la medida.
El bando del alcalde se publicó el 23 de septiembre firmado por Fernández Lores y justifica el cierre al tráfico de la calle como medida anticovid, para evitar aglomeraciones de alumnos del IES Sánchez Cantón a las horas de la entrada y salida del centro, que en este curso tienen clases por la tarde. Justamente dos meses después, el 22 de noviembre, Estévez presentó su recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «La finalidad es motivar y explicar el carácter antijurídico de una decisión que considero desproporcionada y no justificada», señaló.
El abogado declinó explicar los fundamentos jurídicos en que basa su recurso, argumentando que lo hará en sede judicial una vez que el Concello presente su defensa. Lo que sí anunció, en respuesta a preguntas de los periodistas, es que no solicitará medidas cautelares -que podrían revocar el bando del alcalde y por tanto obligar a reabrir la calle mientras no se resuelve el recurso- porque entiende que desde «desde un punto de vista jurídico sería casi un suicidio» ir en contra de una disposición general. Además, matizó que no se pone en cuestión que el corte al tráfico de la calle sea para buscar el beneficio en la salud de los profesores y alumnos del instituto.
Lo que rechazan Estévez y los colectivos empresariales, así como los vecinos de la zona, son las formas empleadas por el gobierno local, la falta de diálogo y de búsqueda de consenso con los directamente afectados por la medida de cerrar al tráfico una calle como Reina Victoria. «¿Tenemos que asumir que la democracia se limite a votar cada cuatro años y que los que salen elegidos tienen ya patente de corso para hacer lo que quieran? Eso también lo hace Nicolás Maduro estos días, pero no por ello es más demócrata».
A dos o tres años vista
Asimismo, Estévez afirmó que dados los tiempos de la Justicia, es probable que el recurso «se resuelva cuando haya una nueva corporación municipal en Pontevedra», algo que no sucederá antes de mayo del 2023. Así las cosas, se le preguntó al letrado sobre la finalidad del recurso si ni pide que se levante cautelarmente el cierre y ya anticipa que su resolución será a varios años vista. El promotor de la iniciativa espera que la acción judicial «sea un medio, no un fin» para forzar al gobierno local a sentarse a hablar con los afectados, aunque admitió que no tiene muchas esperanzas, vista la evolución del caso, en que se vaya a impulsar ese diálogo y mucho menos que se vaya a dar marcha atrás a la decisión. Estévez estuvo flanqueado en su comparecencia por el presidente de Aempe, José María Corujo, y el vicepresidente de la Cámara, Eduardo Barros.
En el 2006 fracasó un recurso del PP contra el bando que amparaba la peatonalización
La transformación de la ciudad que ha llevado a eliminar más del 60 % del tráfico urbano, incluida la peatonalización de todo el centro histórico, arrancó en 1999, con la llegada del BNG a la alcaldía. En aquel primer mandato de Lores -hoy va ya por el sexto consecutivo- hubo una tremenda tormenta política que llevó al PP, entonces liderado por Juan Luis Pedrosa, a presentar un recurso contencioso-administrativo contra otro bando del alcalde, el que promulgó Lores en julio del 2002 para dar cobertura administrativa a todas las calles peatonalizadas o reordenadas desde el punto de vista del tráfico fuera del centro histórico. Aquel bando había sido rechazado por el pleno con los votos del PP y PSOE (entonces en la oposición), aunque sin embargo, los juristas del Concello consideraron nula esa decisión plenaria, avalando la legitimidad del edicto, por lo que se mantuvo vigente.
Con su recurso ante el TSXG, el PP pretendía demostrar que el alcalde había invadido con su bando competencias del pleno en materia de tráfico y ordenación urbana, argumentando que los cambios efectuados exigirían una modificación del PGOU.
Cuatro años después, en el 2006, llegó la sentencia desestimatoria del recurso de la oposición. El fallo consideraba que la reordenación de tráfico efectuada «no supone una supresión o eliminación de la red viaria que, por su entidad y significado, mereciera ser asimilada a un supuesto de verdadera modificación del PGOU».