El «descuartizador de Ponteareas», penado por la venta de la constructora Gómez Bodaño

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

CAPOTILLO

La Audiencia ratifica que fue testaferro al adquirir la empresa por 1 euro

11 dic 2020 . Actualizado a las 10:50 h.

José Antonio Frutos Ayala, conocido como el descuartizador de Ponteareas, y la persona que lo encubrió en este crimen, David Pumares, han visto como la Audiencia de Pontevedra ratificaba las condenas impuestas en su día por la venta de una de las grandes constructoras pontevedresas, Gómez Bodaño. De hecho, los magistrados han desestimado, entre otros, el recurso interpuesto por esta empresa, de tal modo que, si bien la sentencia no es firme, el primero ha sido castigado con diez meses de prisión y el pago de una multa de 43.000 euros como cooperador necesario de un delito contra la Hacienda Pública por la defraudación de la cuota del IVA del 2012, mientras que el segundo ha visto como estas penas se incrementan hasta los dos años de cárcel y los 284.152 euros por un delito de fraude fiscal.

La resolución, asimismo, confirma los 150.000 euros impuestos a Gómez Bodaño, así como la disolución de la sociedad, que perderá definitivamente su personalidad jurídica y su capacidad de actuar. La constructora, en el caso de que la resolución se declare firme, tendrá que indemnizar conjunta y solidariamente con los dos acusados y los herederos del fallecido J. M. L. R., apoderado y hombre de confianza de los fundadores de la empresa, al Estado con 142.076 euros.

De igual modo, se confirma la absolución de los propietarios originales de la constructora, de un abogado y a quien a finales del 2011 adquirió la totalidad de las acciones de la entidad por 1 Euro.

En cuanto a los hechos delictivos, se refieren a la posterior venta de la sociedad a Frutos Ayala también por 1 euros. La sentencia aclara que este último, no obstante, fue «un dueño meramente formal, un testaferro, sin poder de decisión», toda vez que se consideran que los propietarios reales serían David Pumares y J. M. L. R. Estos habrían orquestado una serie de ventas de inmuebles propiedad de la constructora sin haber contabilizado «las cuotas soportadas, por lo que no sería cuotas deducibles, pese a la realidad de dichas operaciones comerciales».