Este lunes la Audiencia de Pontevedra retoma el juicio contra trece acusados de orquestar una gran venta de estupefacientes que, sin embargo, estos sostienen que no fue más que un intento de estafa a unos narcotraficantes gallegos. Los prolegómenos de esta vista oral se remontan a finales del 2016 cuando la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, cerró la operación Encina Gallo Vetusta. En aquel momento, los investigadores aludieron al arresto de un grupo de colombianos que pretendían timar -en argot, dar un vuelco- a unos narcos. Sin embargo, de aquella tesis nada queda cuatro años después, toda vez que la Fiscalía de Pontevedra sostiene que este operativo permitió desmantelar un grupo criminal que se estaba organizando para introducir partidas de cocaína.
La acusación diferencia, por un lado, a la rama madrileña, constituida en su mayoría por colombianos y que sería la encargada «de proporcionar las sustancias estupefacientes, así como de la infraestructura necesaria y transporte de las mismas, al resto de los acusados». Y, por otro, la gallega, que recepcionaría las partidas para, supuestamente, completar la última fase de su distribución. Este juicio se tuvo que suspender en la segunda jornada por la hospitalización de uno de los abogados defensores. En la sesión anterior, los encausados rechazaron las acusaciones de la Fiscalía, que implican penas de entre seis y siete años y medio de prisión por delitos contra la salud pública y grupo criminal.
En su lugar, recuperaron la hipótesis del intento de estafa en la que la cocaína que se iba a vender era, en realidad, cafeína. Reconocieron, eso sí, que la droga que se les intervino no era más que un cebo, un modo de engañar a los compradores, ya que es habitual que quieran comprobar la calidad y la pureza de la mercancía antes de cerrar un trato.
Su versión coincide con lo que difundió la Guardia Civil tras su arresto: «Los colombianos pretendían robar el dinero que los narcos gallegos traían para realizar la compra de una importante cantidad droga».
Mientras cinco de los sospechosos no tuvieron problemas en contestar a todas las preguntas que se le formularon, otros cuatro se limitaron a responder a las planteadas por sus defensas. Y los restantes se acogieron a su derecho de guardar silencio.