El polizón y el lanchero confiesan estar detrás del chapucero alijo de coca incautado en la ría

A principios de mayo del 2017 se produjo uno de los episodios más rocambolescos de la lucha contra el narcotráfico en Pontevedra, cuando un polizón de un mercante, el Cap Beatrice, intentó introducir una partida de cocaína arrojándola a la ría, a cuyas aguas también tenía pensado saltar para ser recogido por un compinche a bordo de una segunda embarcación. Sin embargo, los planes no salieron como estaba previsto, el polizón fue descubierto por la tripulación y, avisada la Guardia Civil, se preparó una entrega controlada de la droga.

Ambos fueron arrestados y, junto con un tercer sospechoso, ayer se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra. Ambos confesaron su participación en el frustrado transporte, si bien rechazaron de plano la petición de pena de la Fiscalía -diez años de cárcel y el pago de dos multas de cerca de dos millones de euros cada una de ellas en el caso del polizón, y trece años y diez millones de euros en multa en el supuesto del lanchero-.

De este modo, el colombiano Harbey C. P. reconoció que se introdujo a bordo del Cap Beatrice con un cargamento de 52 ladrillos de cocaína, unos 62 kilos de estupefacientes. Si bien no identificó a sus presuntos compinches, explicó que una persona le abordó en su país para proponerle entrar en el negocio: «Si quieres ganarte un dinero extra yo puedo contactarte con una gente», relató en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Una vez aceptó, le entregaron un dispositivo GPS, un móvil y la droga, al tiempo que le indicaron que «cuando estuviese cerca de la orilla ellos me recogerían».

Con esta idea en la cabeza, se coló en el mercante, que inició su singladura con rumbo al puerto de Marín. No llevaba ni tres días a bordo cuando lo descubrieron y el capitán contactó con las autoridades españolas, de tal modo que agentes de la Guardia Civil y de Aduanas arribaron al barco para hacerse cargo del sospechoso y sus pertenencias, verificando que el GPS tenía marcadas ya unas coordenadas que coincidían con un punto en la entrada de la ría de Pontevedra.

A partir de ese momento, un guardia civil se hizo pasar por el colombiano para, de este modo, poder realizar la entrega controlada de la droga. Así, y según relataron los responsables del operativo en el juicio, en el punto convenido arrojaron unos bultos simulando la droga y esperaron.

De este modo, en cuanto se recibió la llamada del lanchero, Rubén C. P., instándole a saltar al agua, los agentes abordaron su embarcación procediendo a su detención. Este vecino de Sanxenxo, tras reconocer su participación en los hechos, señaló que un desconocido le propuso llevar a cabo este trabajo y, como contrapartida, le pagarían las deudas que tenía. «Yo no sabía lo que tenía que recoger», precisó, y por eso estuvo «dando vueltas como un gallo sin cabeza por la ría».

 

El supuesto transportista

Quien negó cualquier relación con este operativo fue el tercero de los acusados, L. C. C., un transportista vecino de Valga que, presumiblemente, empleaba el alias de Cristóbal. Se acogió a su derecho a no contestar a la acusación y al resto de defensas, por lo que solo respondió a su abogado y lo hizo para rechazar las imputaciones que lo señalan como «una de las personas que gestionó la introducción de nuevas partidas de sustancias estupefacientes en territorio nacional».

A este respecto, desde la Guardia Civil señalaron, tal y como recoge Europa Press, que había participado en una operación de narcotráfico en mayo del 2017 y que estaba preparando otra en ese momento, de tal modo que las escuchas, así como el registro de sus mensajes, recogieron conversaciones de este acusado con el polizón colombiano.

En el registro de su domicilio, además, se encontraron anotaciones sobre matrículas de coches, números de teléfono, un código de encriptado alfanumérico, instrucciones sobre cómo saber si un terminal está intervenido, y documentos relativos a vuelos con destino a Colombia, país al que había viajado al menos cinco veces en los últimos seis años.

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