Una oenegé de EE. UU. impulsó siete investigaciones por pornografía infantil

La Fiscalía alerta de la «tendencia ascendente» de los delitos por Internet


Pontevedra / La Voz

Si algo define la criminalidad a través de Internet es la internacionalización de los delitos. Uno puede ser víctima de una estafa cometida desde Nigeria o formar parte de un entramado que hunde sus raíces en distintos países sin siquiera llegar a conocer realmente a sus cómplices. Es por ello que desde la Fiscalía de Pontevedra subrayan la colaboración de organismos internacionales a la hora de combatir el cibercrimen y, específicamente, la pornografía infantil.

«Se ha constatado, especialmente en este año 2019, que muchos de los atestados que dan lugar a procedimientos incoados por este tipo delictivo comienzan por comunicaciones de organismos internacionales», recoge la memoria anual del ministerio público pontevedrés. Al tiempo, desvela un dato cuando menos curiosos: «Al menos, en siete ocasiones los procedimientos comienzan por comunicaciones de la NCMEC (siglas en inglés del Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos), una oenegé con sede en los Estados Unidos que canaliza en aquel país las denuncias de ciudadanos y de diferentes proveedores de servicios de Internet, para remitirlas en nuestro caso a las autoridades españolas»

De igual modo, la Fiscalía destaca el papel de las denuncias ciudadanas a la hora de poder poner en marcha la maquinaria policial y judicial. De este modo, se destaca que la inmensa mayoría de los procedimientos judicial iniciados en la provincia en este ámbito delictivo lo fueron como consecuencia de la denuncia de un particular. Es por tanto esta colaboración «una importante herramienta de persecución y prevención del delito a través de Internet».

Un medio inabarcable

Se incide en el hecho de que Internet es «un medio prácticamente inabarcable para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del que, sin embargo, los propios ciudadanos son protagonistas cotidianos y, por lo tanto, testigos privilegiados de la actividad que pueda desplegarse».

En todo caso, la memoria del pasado año de la Fiscalía de Pontevedra confirma las apreciaciones que han venido realizando desde la Policía Nacional y la Guardia Civil en relación con el incremento que está experimentando la cibercriminalidad. «Existe una tendencia ascendente en los últimos años en la comisión de delitos a través de las TICs -tecnologías de información y comunicación-, este año al igual que el anterior especialmente acusada, aunque es cierto que la información remitida no hace distinciones entre delitos y conductas que serían subsumibles en la categoría de delitos leves (contra el honor, injurias, amenazas leves, vejaciones, estafas de escasa cuantía)», refieren desde el ministerio público.

En este sentido, reconocen que las estadísticas de los cuerpos policiales, frente a las que disponen en la Fiscalía Provincial en este área concreta, «se presentan como la única forma de determinar el número real de denuncias, dado que las conocidas en los juzgados serán muchas menos». Esto es consecuencia directamente de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introdujo, entre otros aspectos, que la policía ya no tenga que remitir a los órganos judicial aquellos atestados en los que se desconozca el autor, un hecho que, según reconocen, «sucede con relativa frecuencia en los delitos cometidos a través de TICs, especialmente los patrimoniales, como pudieran ser los cargos fraudulentos en las cuentas bancarias o clonación de tarjetas, a modo de ejemplo».

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