El Tribunal Superior de Xustiza fija que Sanxenxo pague 9,9 millones a los Rocafort por la parcela de As Cunchas

Marcos Gago Otero
marcos gago SANXENXO / AGENCIA

PONTEVEDRA

MARCOS GAGO

El alcalde tacha de «exagerada» la valoración y apelará en casación al Supremo

10 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado en parte las reclamaciones de familia Rocarfort sobre el valor de la finca de As Cunchas y ha fijado en 9,9 millones de euros la cuantía que el Concello de Sanxenxo deberá pagar por la expropiación de esta parcela de 1.750 metros cuadrados más otros 728 del vial de la calle. En una compleja sentencia, donde los magistrados llegan a reprochar en varias ocasiones la actitud el Concello en este largo pleito, la sala de lo contencioso administrativo desecha la cuantía aprobada en su día por el Xurado de Expropiación de Galicia y, en contra de las pretensiones del Concello, hace una serie de evaluaciones de contenido técnico -jurídico y urbanístico-, donde se ordena el abono de esta cantidad.

La sentencia no es firme, ya que cabe su recurso en casación ante el Tribunal Supremo y el alcalde, el popular Telmo Martín, anunció ayer, al hacer pública la resolución, que será la vía que utilizará el Concello para rebajar las pretensiones económicas de la familia Rocafort, que en el recurso llegó a plantear una reclamación por más de 35 millones.

El alcalde sanxenxino sostuvo que es «una sentenza que respectamos pero que non podemos compartir nin entender», entre otras cosas, por lo que el regidor aseguró que hubo un «cambio de criterio del TXSG» en este caso, razón por lo que la recurrirá al Supremo. Martín indicó que desde que accedió al gobierno en el 2017 siempre se opuso a las «esaxeradas e permítanme abusivas pretensión destes propietarios» y advirtió que «ímolo seguir facendo ata onde sexa posible en defensa dos intereses dos veciños».

El regidor afirmó que le daba igual que lo calificasen de «obstinado» como «sorprendentemente» la sentencia tacha la actuación del Concello en el conflicto. Martín recalcó que los Rocafort iniciaron el pleito en el 2011 reclamando 47,4 millones de euros por una zona verde de 1.750 metros cuadrados. Esta cantidad nunca fue aceptada, y el valor que los afectados reclamaron fue rebajándose aunque siempre con unas cifras que el gobierno tachó de «desorbitadas» y «desproporcionadas».

Grandes discrepancias

El alcalde resaltó que la familia construyó en este ámbito diez edificios, el primero con licencia de 1974, y que siete se hicieron antes de 1990, antes de las normas subsidiarias de Sanxenxo. «Desde o punto de vista xurídico e especialmente desde o sentido común costa entender certas cuestións», añadió. Por ejemplo, citó la gran diferencia entre la valoración del Xurado de Expropiación de Galicia, que es de 1.638 euros por metro cuadrado, y la del perito que sirve de base de la sentencia, que es de 3.837 en base al cálculo de aprovechamiento medio. El alcalde no comparte esta valoración recordando que, por ejemplo, por punta Vicaño, que son 21.000 metros cuadrados, en el 2007 se pagaron 7,4 millones a la familia Pazó, «que non obtivo ningún beneficio edificatorio».

Martín indicó que es «incomprensible» que la rúa das Cunchas, un vial «que abriu a propia familia para dar acceso aos seus edificios», sea en la actualidad un espacio privado. El Concello ha defendido siempre que esos viales son públicos, aunque en el 2018 el Supremo falló que tienen que expropiarse y por eso se incluyeron en los procedimientos abiertos sobre la parcela.

El alcalde, manifiestamente molesto, criticó el proceder de los propietarios de esta parcela desde 1974 cuando obtuvieron la primera licencia. Martín lanzó un aviso a navegantes: «Dixémolo desde o minuto un, se ti fas uns edificios teñen que dar a un vial público, senón non podes obter licenza». Añadió: «Haberá tempo de aquí en diante de falar destes dez edificios pormenorizadamente un por un, na situación en que están a día de hoxe».

El recurso al Supremo restará valor ejecutivo a la sentencia, al menos hasta que se pronuncie el máximo órgano judicial estatal y zanje definitivamente el pleito.