El bipartito cierra filas pese a las discrepancias sobre los remanentes

Lores informó a su socio de su reunión con otros alcaldes contra Hacienda


POntevedra / La voz

El alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), participó ayer en una reunión por videoconferencia con los regidores de Bilbao (del PNV), Granada (Ciudadanos), Cádiz (Podemos), Lleida (ERC), Reus (PdeCat) Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria), Madrid, Murcia y Zaragoza (estas tres últimas regidas por el PP), para mostrar una postura común en contra del acuerdo la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda por el que se pretende que los ayuntamientos cedan al Gobierno central sus remanentes líquidos, que serían devueltos en un plazo de entre diez y quince años. El documento permite a los ayuntamientos el uso de su superávit y prevé repartir cinco mil millones de euros entre aquellos concellos que tienen liquidez y cedan sus remanentes.

Lores, como el resto de alcaldes que asistieron al encuentro ayer, creen que el Estado tratar de «incautarse» de los fondos que los concellos han ahorrado especialmente por cumplir la llamada ley Monto, que establece limitaciones en el endeudamiento, fija un techo de gasto y limita el uso de los remanentes.

La participación de Lores en esta reunión entra obviamente en conflicto con los intereses de su socio de gobierno, ya que el PSOE es el único partido del arco parlamentario que apoya la iniciativa el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, ni Lores ni su teniente de alcalde, Tino Fernández (PSOE), creen que esta discrepancia vaya a suponer un problema para el funcionamiento del gobierno bipartito en Pontevedra. «Comuniqueille [a Fernández] que ía participar nesta reunión -señaló el alcalde- e non lle pareceu mal. Eles tamén están en contra das limitacións que impón a lei Montoro aos Concellos».

El socialista, por su parte, señalo que agradeció la llamada del alcalde. «Díxenlle que me parece correcto, pero tamén lle trasladei que en realidade estamos a falar dun documento que ten que pasar o trámite parlamentario e, como as matemáticas non dan, seguro que vai sufrir modificacións».

En este sentido, para Tino Fernández puede resultar «prematuro» debatir ya sobre ese texto legal, pero Lores cree que no hay tiempo que perder. «Non podemos consentir un decreto que viola a autonomía municipal -indicó el alcalde-. É falso que se trate de repartir 5.000 millóns entre os concellos; trátase de incautarse de 14.000 millóns e logo xa veremos cando o devolven, se é que o devolven».

En todo caso, Lores y Fernández insisten en que esta discrepancia «política» no tiene por qué afectar a la acción de un gobierno bipartito «sólido, coherente e cohesionado».

Eso sí, Tino Fernández matizó que independientemente de la asistencia de Lores a la reunión de ayer, «as decisións, propostas e posicionamentos que faga o alcalde como alcalde están ben, pero no seu momento o goberno local terá que decidir unha postura, e aí analizaremos cal é o texto definitivo da proposta».

Lores quiere evitar «a incautación» de 19 millones

Pontevedra cerró el ejercicio económico 2019 con 19,6 millones de euros de remanente líquido de tesorería y con un superávit de 4,8 millones. Esos 19,6 millones son los que tendría que «ceder» al Estado -Lores habla de «incautación»- para poder gastar el superávit y acceder a los 5.000 millones que el Gobierno Sánchez (PSOE) pretende repartir entre los municipios que se avengan a sus condiciones. Estás son devolver el dinero a los ayuntamientos en un plazo de entre diez o quince años.

«Eses cartos son os aforros do Concello -señaló el alcalde-. Cumprimos coa lei Montoro, que nos estrangula, e agora pretenden incautarse deses fondos».

Los alcaldes que forman el frente común contra Hacienda reclaman que se permita a los ayuntamientos disponer de sus propios remanentes, que se clarifique cual es la parte que va a recaer en la Administraciones locales de los 14.0000 millones de euros que ha asignado la UE a España para salir de la crisis del covid-19 y que, al menos en el 2021, se elimine la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad financiera que fijan la llamada Ley Montoro.

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