Limpieza de fincas: ¿paga el dueño o también al que amenaza el fuego?

El retraso en los desbroces por el confinamiento abre el debate sobre el modelo actual


pontevedra / la voz

De no ser por el estado de alarma, ayer hubiese expirado el tiempo para que los propietarios privados tuviesen acondicionados sus terrenos para evitar incendios forestales. Pero el covid también ha alterado esta rutina, como tantas otras. Ahora, los propietarios de superficies de la provincia de Pontevedra, así como los del resto de Galicia, gozan de una prórroga hasta el 16 de julio, aunque hay habilitados convenios con concellos y comunidades de montes para redoblar los esfuerzos en un año, que, meteorológicamente, en principio, podría ser propicio para la propagación de incendios.

Más del 90 % de la superficie forestal en la provincia de Pontevedra está en manos privadas, por lo que, en última instancia, la protección depende de estos propietarios privados. Y es ahí donde algunos expertos abren interrogantes sobre el modelo que descarga en ellos toda la responsabilidad.

«A longo prazo teríamos que ir sustituindo unha lexislación moi xeneralista por unha visión máis técnica. Se detectamos un brote de covid, por facer a analoxía, tamos que ser capaces de isolalo», explica Juan Picos, director de la Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra. «Eu creo que o obxectivo é que a medio prazo podamos aplanar a curva dos lumes», insiste.

Pero, ¿cómo hacerlo? «O traballo é que paseniñamente non necesariamente vaiamos tendo menos hectáreas e menos lumes, senón menos lumes e con menos risco». Para ello hay que implantar nuevas estrategias. Picos ve con buenos ojos el sistema de aldeas modelo, en las que se vincula una franja de protección de las mismas a actividades productivas. Pero, ¿qué pasa en zonas de gran dispersión poblacional como las Rías Baixas, con un uso de las viviendas puramente residencial y no ligado al agro? Ahí abre Picos un debate interesante.

«Temos que desenvolver unha certa filosofía máis innovadora. O propietario da parcela, pero tamén o propietario do risco, poida que teña que compartir os custes». El argumento es el siguiente. En muchas ocasiones un propietario rural o forestal, con la limpieza a la que está obligado está protegiendo una instalación mucho más cara. Y como sucede a menudo en las Rías Baixas se han autorizado viviendas que por el mero hecho de urbanizarse en zonas forestales incrementan las obligaciones de los propietarios de estas superficies. «Se alguén constrúe unha vivienda nunha zona forestal muda a obligación dos propietarios forestais pola súa mera presencia», razona Picos, que explica que, en comunidades autónomas como Cataluña, una parte de la limpieza ya es asumida por los propietarios del riesgo.

Ciclos de incendios

Hace ya dos años y medio, cerca de tres, desde los últimos grandes incendios en las Rías Baixas. Los ciclos incendiarios se suelen alternar por una cuestión básica: el combustible que hay en los montes. Ahora, parte de esas áreas arrasadas en el 2017 ya se han recuperado. No dan aún para un gran incendio, pero sí para una propagación difícil de controlar, explica Picos.

De ahí que, en este año atípico, por el retraso en la limpieza forestal, con prórroga incluida, quizá sea la hora de abordar nuevos interrogantes sobre el futuro de la lucha contra los incendios, como quién asume el coste de la prevención en superficies privadas. Porque, por mucha prórroga hasta el 16 de julio que se haya fijado, Picos ironiza con otra premisa. La aprovecharán quienes venían limpiando ya sus parcelas y no lo han podido hacer, pero no será efectiva para aquellos que ya nunca las limpiaban

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