La Audiencia Nacional desestima el recurso de la APDR sobre la caducidad de la concesión de Ence en Pontevedra

La Justicia aún tiene que pronunciarse sobre los tres recursos contra la prórroga de la concesión, una sentencia que se espera  a fin de año


Pontevedra / La Voz

La Audiencia Nacional desestimó el recurso de la APDR sobre la caducidad de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán. Desde la compañía señalan que con esta sentencia los magistrados rechazan el argumento de la organización ecologista de que la planta genere efectos perjudiciales en el medio ambiente.

La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) interpuso el recurso contencioso administrativo con la pretensión de que se declarase la caducidad total de la concesión de la pastera en Pontevedra. La Audiencia Nacional desestimó todos los motivos esgrimidos por la APDR en contra de la concesión y la compañía destaca que entre los motivos rechazados están el argumento de que la planta genere efectos perjudiciales al medio ambiente. En su resolución judicial, los magistrados inciden en que se encuentra en vigor una Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que no se acredita que se haya incumplido. Ence añade que «esta sentenza afonda na postura que xa manifestou a Audiencia Nacional cando, en decembro de 2018, ditou unha sentenza paralela, en relación a un recurso do Concello de Pontevedra que empregaba a mesma argumentación que a esgrimida pola APDR».

Pendientes de la resolución de la prórroga

En la Audiencia Nacional se siguen también otros tres recursos expuestos contra la prórroga de la concesión de Ence en Lourizán, interpuestos por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR. La compañía espera que la sentencia se conozca previsiblemente en la segunda mitad de este año. Es esta resolución judicial la que decidirá el futuro de la fábrica y si continúa o no en Pontevedra. Cabe recordar que en la actualidad Ence opera en Lourizán en base a una prórroga concedida por el Gobierno central, en tiempos de la presidencia de Rajoy, que le permitiría seguir en la comarca hasta el 2073. Sin embargo, tras el acceso de Pedro Sánchez a la presidencia de España se produjo un cambio de criterio interpretativo de la Ley de Costas por parte de la Abogacía del Estado que se plasmó en el allanamiento de la Administración central en los recursos interpuestos contra la prórroga, dejando sola a la empresa en la defensa de la legalidad del acto administrativo del 2016. La compañía manifestó en reiteradas ocasiones que está dispuesta a agotar las vías judiciales posibles, incluyendo Europa, en caso de que el fallo judicial de la Audiencia fuera contraria a la prórroga. 

Por otra parte, Ence quiso expresar su «firme compromiso coa sustentabilidade e o seu decidido propósito de contribuír á saída da actual crise sanitaria e económica a través dun modelo de negocio que afonda nos principios da economía circular. A compañía traballa para avanzar na apertura e o diálogo coas comunidades coas que convive, e traballa para achegarlles emprego, benestar e valor».

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