Madrid señala a la Xunta para que mejore la calidad del agua de la ría
PONTEVEDRA
El Gobierno intervendrá con la «estricta aplicación de la normativa» en Os Praceres
03 mar 2020 . Actualizado a las 13:07 h.El Gobierno central sostiene que la responsabilidad del estado del agua de la ría de Pontevedra es cosa de la Xunta y no de la Administración central. Así lo expresa en una respuesta parlamentaria por escrito en el Congreso con fecha del 14 de febrero. «Se informa que la cuestión relativa a la calidad de las aguas y a la regeneración de bancos marisqueros versa sobre una materia cuya competencia corresponde a la comunidad autónoma de Galicia», aclara el portavoz del Estado. Se da la circunstancia de que la pregunta que originó la respuesta la interpusieron el 17 de diciembre los diputados de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo desde el 13 de enero, y Antón Gómez-Reino.
En la exposición de motivos de la pregunta parlamentaria, Díaz y Gómez-Reino se hacen eco de la multa de 12 millones de euros que el Tribunal de Justicia de la UE impuso a España el 25 de julio del 2018 «por haber incumplido su obligación de dar cumplimiento a la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas», a los que se suma una indemnización de once millones semestrales hasta que se resuelva la situación.
Los dos diputados de Galicia en Común incidieron en que la Xunta tenía previsto un nuevo emisario submarino y ampliar la EDAR de Os Praceres, un proyecto «que cuenta con la oposición de la ciudadanía y que fue rechazada por el pleno de la corporación municipal de Pontevedra». Recuerdan que estas actuaciones requerirán, en su momento, de la autorización del Ministerio de Transición Ecológica.
Díaz y Gómez-Reino señalan que la oposición a estas obras se fundamenta en que eliminaría «la única fachada litoral existente» en Os Praceres, «principal zona de convivencia y ocio de la parroquia de Lourizán». También señalan que suponen un riesgo al banco marisquero.
«Consideramos que no es lógico profundizar en el error de maltratar un paraíso natural único, en lugar de comenzar a pensar en cómo recuperarlo». Abogan por la separación de aguas residuales de las viviendas y de las industriales y que se busquen en Marín y Poio «alternativas viables» en sus municipios para instalaciones donde se traten sus aguas sucias. Por esta razón, preguntan si Madrid autorizará la ampliación de la EDAR de Os Praceres y si lo hará «a pesar de la negativa de la ciudadanía e instituciones locales». También preguntan al Gobierno si contempla iniciar trabajos de recuperación de la marisma de Lourizán y de la calidad de las aguas de la ría. A esta última pregunta es a la que Madrid responde que no es competente, sin entrar en valoración sobre la marisma.
En cuanto a la ampliación de la EDAR de Os Praceres, se añade que la Xunta «no ha solicitado concesión para la ampliación». Se informa, eso sí, de que existe un anteproyecto de esta obra, «que está siendo sometido a Evaluación de Impacto Ambiental». En este trámite administrativo cuando «se estudiarán y analizarán todos los detalles de la información aportada y disponible y las diferentes alternativas, sin que se pueda predeterminar cuál haya de ser el resultado final».
En su respuesta, el Gobierno central afirma que «esta tramitación se inserta dentro de las previsiones de la legislación vigente». Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico enfatizó que este departamento «actúa mediante la estricta aplicación de la normativa».