La Abogacía del Estado ignoró a los afectados, que ahora aguardan justicia en la sentencia que dicte el juez Marquina
16 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Imagino que cuando uno estudia para ser juez, entre las motivaciones que empujan esa decisión, se sueña con que habrá un día en que tendrás que juzgar un asunto de especial relevancia social y que llegará a establecer rango de jurisprudencia. No sé si Manuel Marquina, a quién no tengo el gusto de conocer, acarició ese imaginario cuando chapaba para sacar las oposiciones. Quiero pensar que sí.
Pues bien, ese día ya le llegó al titular del Juzgado Mercantil nº 1 de Pontevedra. Desde el pasado miércoles sabe que está en el foco. Desde que acabó la vista oral de la demanda contra Audasa por el cobro íntegro de los peajes durante los tres años de obras de ampliación del puente de Rande. Decida lo que decida estará en los papeles. Seremos miles y miles las personas que valoraremos su sentencia.
Pero además de la trascendencia social de lo que determine, ese fallo judicial va a sentar jurisprudencia en España. Supongo que la esperanza de su señoría será que su fallo sea sucesivamente asumido y respaldado por los siguientes juzgadores a los que vayan llegando los recursos que se van a seguir. Con total seguridad: a este pleito le aguardan nuevas estaciones, ya que se presagia que el que pierda ahora en primera instancia, ya sean Audasa y la Abogacía del Estado, o la Fiscalía más las acusaciones particulares añadidas, apelarán.
Demanda inédita
Hace tiempo escribí que esta demanda era inédita y marcaba un precedente en la historia judicial de España. Las dos sesiones de la vista oral celebrada en medio de tanta expectación, ratifican la excepcionalidad del caso. Aunque ya nos bastaba con el argumento de partida.
En síntesis, el asunto es tan sencillo como atractivo: la Fiscalía de Pontevedra actúa de oficio y plantea una demanda en nombre de miles y miles de conductores que utilizaron el tramo Pontevedra/Vigo a los que se cobró el precio íntegro pese a que durante los tres años y medio de obras de ampliación, las condiciones de tráfico y seguridad en la AP-9 no eran las exigibles a una autopista de peaje ni tampoco se dieron las garantías de seguridad esperables. Y con el agravante de qué desde el 1 de enero del 2018, se subió el precio pese a que las obras -teóricamente acabadas e inaugurados por el presidente Mariano Rajoy- se prolongaron cinco meses más.
Enfrente, Audasa, una máquina de hacer dinero. Cada hora, ingresa 16.550 euros; cada día, más de 400.000. Es una de las empresas más poderosas e influyentes de Galicia, con conexiones en Madrid que le han permitido navegar con gobiernos del PSOE y del PP, negociando prórrogas a cambio de obras que finalmente terminamos pagando todos los usuarios mediante un goteo incesante de subidas de precios que se prolongará todavía diecisiete años más. Para este juicio desplegó una nómina de abogados que han intentado contrarrestar a la Fiscalía y las acusaciones particulares viendo «intereses espurios», aportando peritos al dente y llegando a presentar a Audasa como una víctima de la DGT y del Ministerio de Fomento.
Y de propina, tuvimos un tercer actor judicial que resultó chirriante, hasta hiriente: la Abogacía del Estado. Una vez más en la reciente historia judicial española, las instrucciones políticas, en este caso del Ministerio de Transportes (antes Fomento), han obligado a esta institución a hacer un papelón. Muchos tuvimos la sensación que la Abogacía del Estado llevaba la camiseta y jugaba en el equipo de Audasa. El alegato final de su representante, que no vio exceso en que la concesionaria cobrase sin pestañear 90 millones de euros por los 77 millones de tránsitos que se produjeron en los 42 meses de las obras de Rande, fue alucinante. Llegó a especular con un supuesto efecto bumerán si el juez llega a condenar a Audasa porque esta podría hacer recaer en las arcas del Estado, el importe de la posible indemnización. ¡Como si no supiéramos quien va a terminar pagando otra vez!
Derivada electoral
Para mayor enredo, este pleito también se ha convertido en un atractivo argumento de campaña electoral ante la convocatoria del 5 de abril recién decidida por Alberto Núñez Feijoo. Ha sido su lugarteniente, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia quien ha calificado como «inexplicable» la postura del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, personado a través de la Abogacía del Estado «poniéndose al lado de Audasa». Y de paso recordó que «en 2 años el Gobierno Central no está haciendo nada para bonificar a los usuarios de la AP-9». Esta última alusión de Rueda alcanza también al BNG que priorizó «peaxes da AP-9» en la «axenda galega» que firmó con el PSOE para la investidura de Sánchez. Néstor Rego esquivó el asunto del juicio y la posición del Gobierno en las comparecencias que tuvo después de haber estado chequeando con Adriana Lastra el desarrollo del acuerdo. Pero la envergadura del asunto no permitirá que el diputado del Bloque y su jefa, Ana Pontón, puedan estar mucho más tiempo escapando de valorar el juicio.
Vuelvo al principio. No me gustaría estar en la piel del juez Marquina, quien tiene por delante una papeleta enorme. Quiero expresarle mi máxima consideración ante un rol tan difícil como complejo.